A las puertas del suplicatorio en el caso ERE

En este contexto algunos de los abogados de los cinco aforados están preocupados ante lo que consideran «prejuicios» del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, pues creen que ha aceptado de manera automática la tesis expuesta por la juez Mercedes Alaya en su exposición razonada. Esto no quiere decir, matizan, que cuestionen su imparcialidad.

La preocupación de estas defensas se centra especialmente en la cercanía que el magistrado ha demostrado hacia el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), desfavorable para sus intereses, informa Efe. Esa actitud se habría puesto de manifiesto durante el interrogatorio, el jueves pasado, a los dos peritos de Griñán que avalan la legalidad de las transferencias de financiación mediante las que se canalizaron las ayudas sociolaborales a empresas y personas físicas. En esa comparecencia, el instructor llegó a tener una discusión técnica con ellos apoyándose precisamente en el informe de la Intervención General. A su entender, lo normal es que el juez escuche una determinada opinión técnica y a partir de éste y otros indicios adopte una decisión según su criterio jurisdiccional, pero nunca entrando en discusión con los peritos.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas consideran que el papel del juez instructor en los interrogatorios es precisamente el de disipar dudas o contradicciones e incluso pedir aclaraciones sobre el contenido de los informes que consten en el procedimiento. No se puede olvidar que la pericia o prueba de peritos es precisamente un medio de prueba en virtud del cual un especialista suministra al juez o tribunal los conocimientos de su especialidad que resulten necesarios para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto enjuiciado para adquirir la certeza sobre los mismos.

Fue precisamente el informe de la IGAE el que sirvió a la juez Alaya para sostener que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal de distribución de las ayudas, lo que implica la existencia de indicios de prevaricación y malversación en la conducta de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y en los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.