Urdangarín culpa a las administraciones públicas de las irregularidades en los contratos de Nóos

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un «imperium» y de «poderes exorbitantes» ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos «de forma unilateral».

«Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las Administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público la forma jurídica de contratación. La realidad de las cosas es bien distinta», subraya, rebatiendo de este modo las acusaciones contra él vertidas, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción -que reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin- y Manos Limpias -su petición se eleva a 26 años y medio-.

En su escrito, de 86 páginas, el letrado del Duque, Mario Pascual Vives, subraya en esta línea que es la Administración contratante «la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién contrata», y son sus servicios jurídicos «los que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado o, en caso contrario, exigir las responsabilidades administrativas que procedan».

Y en este caso, asevera, «no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad sino que, además, el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos, a fin de repetir los satisfactorios resultados que los iniciales eventos tuvieron».

«No parece que esta realidad fuera 'vender el humo' que preconiza el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación», insiste el marido de la Infanta Cristina, sobre quien pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil; fraude a la administración; dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales.

El abogado niega así que existan hasta la fecha indicios objetivos de un supuesto ánimo fraudulento, la existencia de un concierto previo con la Administración «o cualquier otra finalidad o actividad ilegal». Y apunta que los hechos que se le imputan a su patrocinado, «sólo podrían constituir, en el peor de los casos, simples irregularidades administrativas y nunca conductas tipificadas penalmente».

«Si no entendemos esto así, la justicia penal tendrá que empezar a considerar la posibilidad de abrir una causa a cada contrato administrativo, en cualquiera de sus modalidades jurídicas, en el que el administrado no haya terminado o cumplimentado, por ejemplo, cualquier obra pública encomendada, por el precio y en el plazo pactado», abunda la defensa.

El procesado subraya además que, para afirmar que una asociación se constituye como simulación de una sociedad -como sostienen las acusaciones respecto a Nóos y las mercantiles a él vinculadas-, «habría que acreditar que se ha limitado a desarrollar actividades lucrativas sin haber desarrollado al propio tiempo las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines estatutarios».

Respecto a los fondos que el Instituto Nóos recibió del Govern balear por los foros sobre turismo y deporte celebrados en Baleares en 2005 y 2006 y otros eventos -hasta 2,6 millones de euros-, Urdangarin precisa que el dinero no procedía del Ejecutivo autonómico sino de la Fundació Illesport y del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), a pesar de que se trata de entidades dependientes de la Administración balear.

Del mismo modo se pronuncia respecto a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que participó por su parte en los convenios para la celebración de los denominados Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006, por cuya organización Nóos cobró 3,6 millones. Urdangarin recalca al respecto que la FTVCB no es una fundación del sector público.

En concreto, el Instituto percibió 1,2 millones de euros por el primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros por el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Mientras tanto, 1.044.000 millones de euros costó cada una de las tres ediciones del Valencia Summit, y 382.000 euros unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, la entidad presidida por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.