Las promesas de Susana Díaz

El «paquete anticorrupción más ambicioso que ninguna administración haya puesto en marcha» incluye que los partidos con dirigentes que se hayan financiado ilegalmente deban hacerse responsables patrimonialmente, que las fuerzas remitan sus cuentas a la Cámara de Cuentas o que se «aparte» a los imputados por estos delitos.

El paquete normativo planteado por Díaz contiene la remisión por todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones y que los cargos institucionales que perciban sueldo público no reciban de los partidos ninguna remuneración complementaria o hacer públicas la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo y de sus cónyuges.

Susana Díaz ha propuesto también la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, aunque en el mismo sentido ha avanzado la aprobación de una ley de buen gobierno y estatuto de altos cargos, la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico con otra actividad profesional o reforzar la normativa para evitar las llamadas «puertas giratorias».

La presidenta en funciones se ha comprometido en su discurso a avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos mediante la aprobación de una ley andaluza de subvenciones y a reformar la ley de la Cámara de Cuentas y su acción fiscalizadora.

Por ello, ha propuesto un acuerdo de los grupos en el Congreso para crear el Registro Público Estatal que centralice la información sobre transparencia de los representantes, así como una iniciativa autonómica para la reforma de Código Penal que, entre otras cosas, amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y que implique que los cargos públicos responderán con su patrimonio y que responsabilidad patrimonial sea imprescriptible.

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta impulsará «un gran pacto social» contra la violencia de género, así como la elaboración de una nueva ley que permita desarrollar mejor este objetivo. La modificación de dicha ley irá acompañada, según Díaz, de un plan integral contra la trata, la explotación de las mujeres y la prostitución, al tiempo que se pondrá en marcha la «ventanilla única» para la atención a la violencia de género «fortaleciendo el procedimiento de coordinación institucional para la prevención y atención a las víctimas».

Díaz ha prometido igualmente estimular e incentivar por todos los medios al alcance de la administración autonómica, «apurando todas nuestra competencias», que las entidades financieras «busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir». Ha propuesto a la Cámara un acuerdo de todos los grupos para instar al Gobierno de la Nación a que retire el recurso que interpuso en el Tribunal Constitucional contra la Ley andaluza sobre la función social de la vivienda, aprobada durante la pasada legislatura.

Si es investida presidenta, Díaz «restaurará» la Consejería de Cultura, que actualmente forma parte del departamento de Educación y Deporte, y se ha comprometido a remitir a la Cámara cuatro leyes en este ámbito. Se trata de la Ley del Mecenazgo, que incorporará deducciones y bonificaciones para actividades relacionadas con la cultura, y las leyes del Cine, del sector audiovisual y de las Artes Escénicas.

La presidenta de la Junta en funciones llevará a la Cámara en el primer trimestre de 2016 una ley que «blinde» la salud contra «afanes de privatización» y que en sus primeros cien días propondrá al Gobierno un pacto de Estado para aplicar la ley de Dependencia. Díaz se ha comprometido también a elevar un diez por ciento la inversión en dependencia y a aprobar, antes de que acabe el año, el primer plan andaluz de promoción de la autonomía personal.

La presidenta en funciones quiere reducir en un diez por ciento el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existentes en la administración autonómica. Para Díaz, es fundamental llevar a cabo una reforma en profundidad de la administración pública andaluza para incrementar su eficacia y garantías de control, mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar el desarrollo de la actividad productiva y asegurar la participación de la ciudadanía y el desarrollo profesional de los servidores públicos. Se ha comprometido con la elaboración de un plan de eficiencia del sector público y de una Ley de administración electrónica.

Díaz quiere reducir entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, hará un plan específico para que aflore la economía sumergida y que establecerá nuevas deducciones regionales. En su discurso, la dirigente andaluza ha prometido que habrá deducciones en el IRPF por creación de empleo y por aportaciones a proyectos empresariales que contribuyan al nuevo modelo productivo, y que se introducirán incentivos fiscales a la creación de empresas que creen trabajo, a las inversiones en I+D+i y a las actividades que incidan favorablemente en el medio ambiente.