El Supremo apunta a Chaves y Griñán por desmantelar los controles en los ERE

El instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro , ya ha dado los primeros pasos para desenmascarar las posibles responsabilidades penales no solo de quienes pudieron cometer delitos con una participación activa, sino de los que, con su indiferencia, contribuyeron a que se produjeran. La batería de diligencias que este magistrado ha ordenado practicar, junto con las declaraciones de los aforados –después de las elecciones andaluzas– contribuirán a arrojar algo de luz sobre las consecuencias de una «decisión política» con la que la Junta de Andalucía quiso agilizar un sistema de ayudas «excesivamente burocratizado».

Fuentes del Tribunal Supremo subrayan que la cuestión jurídica está en determinar si la búsqueda de un fin social, la mejor distribución de las ayudas, justificaba la eliminación de todos los controles establecidos. Máxime cuando las transferencias presupuestarias son tan «libres» como las subvenciones, y, sin embargo, estas están sujetas a requisitos como concurso público y justificación del gasto.

Se trata de concluir, señalan esas mismas fuentes, si quien hace posible el desmantelamiento de los sistemas de garantía no posibilitó la agilización de las ayudas, sino que otros se llevaran el dinero. Y es en ese contexto en el que hay que determinar si los imputados eran conscientes de que esa transformación normativa (la creación de la partida 31L) sirvió para cometer el mayor escándalo de corrupción que, al menos en términos económicos, ha habido en España. Ahí estaría el elemento de lo injusto que exige el delito de prevaricación.

Pero al margen de esta conducta, las fuentes citadas advierten de que también es punible el hecho de hacer caso omiso a las advertencias de la Intervención General , máxime por parte de quien tenía poder para ordenar el cese de la acción delictiva y reestablecer el orden en las partidas presupuestarias.

De momento no hay ningún dato que permita afirmar que al menos cuatro de los cinco imputados del Supremo se llevaran dinero (malversación), pero sí contribuyeron, por acción u omisión, a la creación de un marco que favoreció la comisión de delitos. En este sentido, las fuentes citadas recuerdan que la responsabilidad penal no solo la tiene el autor material del delito, sino también el cooperador necesario y el cómplice.

En la exposición razonada que envió el pasado mes de agosto al Alto Tribunal, la juez Alaya no planteó ninguna duda acerca del origen del fraude de los ERE. No partió de un grupo de delincuentes que se organizaron para saquear las arcas públicas, sino de las propias entrañas del gobierno autonómico: (...) Desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, se organizó un sistema que permitía disponer de importantes cantidades de dinero (855 millones de euros) para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas». El sistema en cuestión duró doce años durante los cuales todos dieron por buena la partida 31L.

Pero ¿quiénes estaban al tanto de su existencia y quiénes contribuyeron a engordarla? La mayor parte de las diligencias solicitadas por Barreiro están relacionadas con el anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años a los que se ciñe la investigación: 2000-2012. Será fundamental determinar si todos los cargos de esta estructura piramidal conocían y participaban en el mantenimiento y renovación de este sistema.

Alaya asegura que no solo los que materialmente manejaban las concesiones y los fondos sabían de la arbitrariedad del sistema, sino que, de forma inversa, tanto el consejero de Hacienda como el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, sabían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y en la Agencia Idea, la encargada de materializar los pagos.