Castro acusa al abogado de la Infanta de faltar a la verdad sobre la doctrina Botín

En un auto dictado este jueves, el magistrado acuerda que no ha lugar a la admisión del recurso presentado por los abogados de Doña Cristina el viernes pasado, tampoco acepta el recurso de nulidad de la defensa de Diego Torres y Ana María Tejeiro y sí que admite el de los socialistas valencianos en relación al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

José Castro, en el escrito, acusa al abogado de la Infanta, Miquel Roca, de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que «no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla». «La técnica es tan antigua como el ser humano», espeta el juez. El magistrado reprocha a Roca que haya difundido «incansablemente ante los medios su criterio sobre que la llamada doctrina Botín era de aplicación a su defendida».

Castro afirma que no es cometido de los jueces «imponer por la vía de hecho lo que llama "pena de banquillo", pero tampoco evitarla si con ello hacen dejación de sus funciones», y añade que la posible aflicción causada a la Infanta puede deberse a la ejemplaridad que le es exigible. «Tampoco es misión de la Administración de Justicia el calibrar la magnitud de una aflicción que nunca fue su objetivo causar pero que, si de facto se produce en otros ámbitos de esa inigualable manera, puede que sea por la proporcionalidad al nivel de ejemplaridad exigible a la persona afectada», asegura.

Los abogados habían impugnado la resolución de cara a que el magistrado la elevase a la Audiencia Provincial de Baleares y ésta decidiese si acepta o no los argumentos de la Duquesa de Palma contra su enjuiciamiento. No obstante, Castro ya dejó constancia en su auto de que contra éste no cabía recurso alguno y, por tanto, ha decidido finalmente inadmitirlo a trámite.

En su recurso, los abogados de la Duquesa cargaban contra la «absolutamente desproporcionada e injustificada» fianza impuesta a la hermana menor del Rey de casi 2,7 millones de euros, y pedían al juez Castro dejarla sin efecto. Del mismo modo, reclamaban que se le aplicase la doctrina Botín para evitar que acabe sentándose en el banquillo de los acusados.

Para justificar la apertura de juicio contra la Duquesa de Palma, Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarín , defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

En el auto recurrido, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín , que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

Con su resolución, Castro culminó más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta, cuyo nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas tapadera que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.