Los alcaldes deberán publicar en 2015 sus sueldos y todos los contratos

Las administraciones territoriales aceleran sus reformas para llegar a las elecciones de mayo con los deberes hechos en regeneración y transparencia

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¿Cuánto gana el alcalde de su pueblo? ¿Y los altos cargos de su Comunidad Autónoma? ¿Cuáles han sido los últimos contratos? Hasta ahora la transparencia se ha impuesto en la Administración General del Estado, pero sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte de las Comunidades y en los ayuntamientos. Esa situación se acabará este año. La ley de Transparencia impone a las administraciones territoriales, como mínimo, las mismas obligaciones de publicidad y acceso a la información que a los órganos centrales del Estado, y deberán aplicarlas este año.

La aprobación de ley de Transparencia es uno de los grandes hitos políticos de la legislatura y ha supuesto una auténtica revolución en la relación del ciudadanos con el poder. El pasado 10 de diciembre, la Administración General del Estado hizo un «desnudo» integral a través del Portal de la Transparencia, y este año será el turno de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Si bien algunos parlamentos autonómicos han aprobado ya normas propias, la ley nacional obliga a todos y supone el mínimo de transparencia exigido.

Baza electoral

Navarra fue una de las Comunidades pioneras en España con la ley que aprobó en 2012, un texto que sirvió más tarde al Gobierno como punto de referencia, junto a legislaciones internacionales. La primera en tener su norma, sin embargo, fue Galicia (2006). Otras comunidades han ido aprobando sus propias leyes (las últimas han sido Cataluña y Canarias, mientras que Madrid sigue sin ella), que complementan la estatal. El resto de autonomías y muchos ayuntamientos están pisando el acelerador para adaptarse a la nueva ley antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, y tener así los deberes hechos relacionados con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Hoy por hoy, la transparencia es una baza electoral que todos los políticos quieren llevar en su programa, porque responde a una exigencia ciudadana y, además, es muy barata. El impacto presupuestario es prácticamente nulo, pero el político es fuerte y positivo, porque es una de esas promesas que los ciudadanos agradecen y valoran.

La ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno se publicó en el BOE el 10 de diciembre de 2013, pero la parte que afectaba a la Administración General no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de 2014 (excepto el título relacionado con el Buen Gobierno, que lo hizo de forma inmediata). No obstante, se permitió a los órganos de las Comunidades y Entidades Locales un mayor margen para adaptarse a las obligaciones contenidas en la ley: tendrían dos años como máximo. Es decir, hasta el 10 de diciembre de 2015. Este es por tanto el año definitivo para la transparencia autonómica y local, que se irá aplicando en los próximos meses, con independencia de las leyes de ámbito regional o las ordenanzas que se hayan aprobado de forma paralela.

¿Qué implica la entrada en vigor de la ley en las Comunidades y las Entidades Locales? Con excepción del título reservado al «Buen gobierno», el resto de la ley debe aplicarse íntegramente a todas las administraciones. Deberán dar publicidad a toda la actividad relacionada con sus funciones, los planes, programas anuales, sus objetivos, los medios y los tiempos previstos, así como el grado de su cumplimiento. También habrá transparencia en todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación y el procedimiento utilizado. Las subvenciones y ayudas públicas, los presupuestos, las cuentas anuales están incluidas.

Por supuesto, se conocerán las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de entidades públicas, así como las indemnizaciones recibidas al abandonar el cargo. También las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.

Denuncias ciudadanas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se creó en el último mes, velará por el cumplimiento de todas estas reglas en todas las administraciones, y atenderá las denuncias que envíen los propios ciudadanos, algo que será especialmente eficiente en los municipios pequeños. En el caso de los ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales serán fundamentales para ayudar a los pueblos a ser «transparentes», sobre todo desde el punto de vista tecnológico.