La herencia del abuelo Florenci arrastra al clan de los Pujol a los juzgados

El último rejonazo judicial lo dio el martes la titular del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón Santolaria. La magistrada imputó a Jordi Pujol , su esposa –Marta Ferrusola– y tres de sus hijos –Marta, Mireia y Pere–. Los cinco tendrán que explicar el próximo 27 de enero sobre el origen de sus cuentas en Andorra, la supuesta herencia del abuelo Florenci Pujol.

El benjamín de la familia, Oleguer , también está entre los hermanos que el pasado verano reconocieron dinero opaco al fisco –entre tres y cuatro millones de euros en total–, pero no fue imputado por la juez. ¿Por qué? Porque ya está siendo investigado –e imputado– por otro juez, Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. De hecho, cuatro juzgados (dos en Madrid y dos en Barcelona) están escrutando los pasos de una familia dedicada a los negocios y a la política. Precisamente ayer el juez del Tribunal de Liechtenstein decidió archivar la investigación sobe posibles cuentas de Jordi Pujol.

A estos seis imputados hay que sumar dos más: Oriol Pujol, encausado por el tráfico de infleuncias de las ITV, y el mayor de los hermano, Jordi Pujol, cuyos millonarios movimientos de capital indaga el juez Pablo Ruz.

La semana que hoy termina ha sido un calvario judicial para los Pujol Ferrusola: no solo han sumado cinco nuevos imputados (padre, madre, Pere, Marta y Mireia), sino que ha habido novedades en la causa más avanzada de las que acorralan a la familia del expresidente de la Generalitat. La juez de Barcelona que investiga la trama de las ITV ha decidido interrogar también el próximo mes de enero al vástago político, Oriol Pujol Ferrusola, cuya carrera saltó por los aires. Las acusaciones le obligaron a dejar su escaño en el Parlamento catalán y la secretaría general de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que fundó su padre.

Oriol tendrá que responder por otro supuesto caso de cohecho ante la sospecha de que cobró comisiones por beneficiar a un empresario amigo interesado en las deslocalizaciones de fábricas que dejaban Cataluña. Cuando Oriol se enfrente a la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona será la tercera vez que acuda a declarar como imputado, después de que lo hiciera dos veces ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –por tráfico de influencias y cohecho– cuando aún era aforado, como diputado autonómico. Su mujer, Anna Vidal, cobró 700.000 euros del principal empresario de la trama de las ITV, Sergi Alsina, por, supuestamente, el soporte político que el hijo de Jordi Pujol ofrecía a la red corrupta.

Pese a lo que pueda parecer, este es el único caso en el que se ha amarrado una acusación por cohecho, un delito de corrupción política –cobrar a cambio de favores–, a uno de los Pujol. El resto de procedimientos está, hasta la fecha, en el campo del blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda. Al origen de la supuesta herencia de Andorra hay que sumar los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, que movió 32,4 millones de euros en varios paraísos fiscales, y las operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, intermediario en la compra de miles de inmuebles.

La confesión de Jordi Pujol puso a su familia a los pies de los caballos, dado que fueron ellos los que aceptaron la herencia de Florenci Pujol, el fundador de Banca Catalana. Las declaraciones complementarias que tuvieron que presentar ante Hacienda, después de que la Policía hallara las cuentas de Andorra, afloraron en torno a un millón de euros por cada miembro de la familia. Los que no declararon fondos en Andorra –Jordi, Josep y Oriol–ya se los habían llevado y regularizado.