La Abogacía del Estado reclama a la Infanta Cristina 168.571 euros por presunto lucro

En el escrito de acusación entregado al juez del caso Nóos , José Castro, el pasado martes, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria, únicamente pide que se abra juicio oral para Iñaki Urdangarín y Diego Torres , por dos delitos fiscales el primero y por uno el segundo, de los veinte imputados en esta causa.

Solicitan una pena de 3 años y 6 meses de prisión para cada acusado por delitos contra la Hacienda Pública, así como una multa de 1.011.431 euros para Urdangarin y 1.268.904 para Torres, que es el triple de la cuota que supuestamente defraudaron.

También reclaman que ambos hagan frente al pago de una responsabilidad civil derivada de los delitos que será la cuota defraudada (para Urdangarin 182.005,27 euros en 2007 y 155.138,48 en 2008 y para Torres 442.968,29 euros en 2007) más los intereses de demora desde la fecha en que debió realizarse el pago voluntario hasta que éste se lleve a cabo.

Consideran además que tanto la Infanta Cristina como la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, deben ser condenadas «al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», que sería de 168.571,87 euros para doña Cristina y 221.484,14 euros para la esposa de Torres.

La Abogacía del Estado considera que Torres y Urdangarín crearon una trama basada en el Instituto Nóos y Nóos Consultoría Estratégica para recabar fondos públicos y repartir al 50 % los beneficios de su actividad y para ello «utilizaron como instrumentos varias sociedades» con las que «drenaron» el dinero percibido.

En dicha organización, Torres fue el autor intelectual y Urdangarin se orientó hacia la vertiente institucional y comercial, según el escrito presentado por los letrados del Estado.

El entramado societario creado por ambos facturó a Nóos «por unos pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole», cruzando hasta 425 facturas por 8 millones de euros entre 2004 y 2008, con lo que «drenaban los recursos generados hacia el respectivo patrimonio de ambos socios».

Según la Abogacía del Estado, todas las entidades «formaban una única empresa sometida a una única decisión», eran «una sola unidad económica» con varias sociedades usadas como instrumentos.

Aprecia «una radical divergencia entre la realidad jurídico-formal emergente en el mundo exterior (la existencia de las sociedades) y la realidad material encubierta (el acuerdo entre los socios y su reparto de beneficios)».

La Abogacía del Estado considera a Urdangarín y Torres «los únicos responsables generadores de beneficio económico» y sostiene que son los «autores intelectuales y materiales, únicos artífices, ejecutores y beneficiarios de esta estructura artificial».

Los beneficios que obtuvieron se deben imputar, añade, a la renta personal de Torres y Urdangarín, de manera que ambos defraudaron a Hacienda porque crearon una trama empresarial como pantalla para «ocultar las retribuciones personales derivadas de su propia actividad, deducirse gastos no relacionados con la actividad y sujetarlas a una tributación inferior».

Según la Abogacía del Estado, Urdangarin lo hizo a través de Aizoon, empresa de la que era titular al 50 % con su esposa, y Torres mediante varias mercantiles (Shiriaimasu, Virtual Strategies, Intuit y Nóos Consultoría Estratégica) que también compartía con su mujer