Fuentes militares consultadas por ABC informan de que el despliegue «podría retrasarse si no se cierra en breve el acuerdo con las autoridades de Bagdad» para dar el reglamentario amparo legal a las acciones de los militares españoles.

Dar cobertura diplomática a los 300 militares, acreditándolos en la Embajada española en Irak, ha sido una de las soluciones propuestas por el Gobierno español y que está siendo evaluada por el Gobierno iraquí.

Sobre este asunto el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, declaró la semana pasada en la cumbre de la OTAN que «en tanto se solucione el estatus jurídico de las tropas en el país», el Ejército español participará, «tal y como aprobaron las Cortes en asesoramiento y formación, no en combate. Tampoco participa en bombardeos».

El pasado mes de octubre el Congreso de los Diputados aprobó el despliegue en Irak con un 90 por ciento de los apoyos, oponiéndose solo IU, BNG y Compromís. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, estimó en 35 millones el coste de la misión española en apoyo a la Coalición Global que lidera el exgeneral estadounidense retirado John R. Allen, como enviado especial del presidente Barack Obama.

El contingente estará compuesto por una unidad de Operaciones Especiales de 96 miembros (lugar al sur sin determinar), 95 artificieros de explosivos en Tallil (Nasiriyah) y otros 80 efectivos en labores de mando, control, inteligencia y protección inmediata de la fuerza, además de 10-20 oficiales en el cuarteles general de la operación militar que estará emplazado en Arifjan (Kuwait).

España prevé desplegar las tropas junto a otros dos países. Según fuentes militares consultadas, los países que han previsto una participación similar a la española son Italia, Holanda o Portugal.