El Gobierno ya tiene pruebas contra el simulacro de Mas

Desde el nuevo anuncio de Mas están estudiando qué actos son susceptibles de ser impugnados. Hasta el momento solo hay un acto administrativo propiamente dicho, que es el citado edicto, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que hay otra prueba material y documental que también puede conformar el expediente de impugnación, como las misivas que un alto cargo de la Generalitat ha enviado a los ayuntamientos, la información que se ha colgado en la web de la Generalitat o la autorización expresa del Gobierno autonómico para que los centros docentes se utilicen para fines distintos a la enseñanza, como es el caso. Así lo prevé la ley de Educación: si no hay autorización de la administración competente (en este caso la Generalitat) no se podrán abrir los colegios ese 9-N. Y esa autorización lógicamente tiene que traducirse en un acto de naturaleza jurídica.

Y es que la Generalitat ha anunciado con todo detalle cómo se desarrollará la jornada: habrá 6.430 mesas en 1.255 locales; se votará en 938 de los 947 municipios ; se contará con más de 30.000 voluntarios y el «cuerpo electoral» se mantiene inalterado: podrán votar 5,4 millones de personas mayores de 16 años que residan en Cataluña o se hayan inscrito en el registro de la Generalitat de catalanes en el extranjero. Nada de esto ha revestido la forma de acto administrativo porque se pretende obstaculizar los movimientos del Ejecutivo, que tiene claro, como aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que son actuaciones de hecho por las que se quiere conseguir un resultado equivalente al del referéndum del 9-N.

El propio consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, ha reconocido sin tapujos que «el operativo está suficientemente blindado», y que el fichero de participantes no se activará hasta el mismo 9-N, cuando desde primera hora de mañana podrán inscribirse de forma presencial los ciudadanos que quieran votar.

La impugnación del fichero de participantes sería el quinto incidente de ejecución que la Abogacía del Estado planteará ante el TC, de momento la única vía que se ha abierto en el marco de esta consulta. Cabría también la Contencioso-administrativa sobre acuerdos adoptados por ayuntamientos (no ha llegado el momento de recurrir a ella) y, por supuesto, la Penal, en la que intervendría la Fiscalía.

El Gobierno se ha mostrado contundente contra la pretendida «astucia» de Mas para esquivar al TC. El jefe del Ejecutivo ya ha advertido de que no caben atajos ni añagazas contra el Estado de Derecho, y tiene la firme intención de actuar ante la más mínima ilegalidad y cualquier fraude que puedan cometerse. Moncloa ve «ridículo» el sucedáneo de consulta por la falta de toda garantía democrática, pero quiere evitar la burla de la ley.