La Audiencia Provincial de La Coruña levanta la imputación a los altos cargos de ADIF por el accidente de Santiago

Aláez llamó a declarar a un total de 11 directivos de ADIF cuando se abrió la línea Orense-Santiago. En concreto, se trata del antiguo presidente, Antonio González, de Andrés Cortabitarte López (director de Seguridad en la circulación) y nueve miembros del consejo de administración: Juan Carlos Cáceres Díez, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado Domínguez, Carlos María Juárez Cólera, Mercedes Caballero Fernández y Gerardo Luis Gavilanes Ginerés. Todos ellos tenían cargos de responsabilidad cuando se abrió la línea, con José Blanco como ministro de Fomento.

Ninguna de estas personas llegó a prestar declaración ante el magistrado, tras argumentar que la Audiencia Provincial aún no había resuelto los recursos presentados por Fiscalía y Abogacía del Estado y sus letrados no habían dispuesto de tiempo para analizar en profundidad la causa abierta.

En el auto de imputación, el juez explicaba que los informes preliminares entregados por cuatro de los seis peritos aportaron información que, en su opinión, acarreaba «una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal».

De esta manera, el maquinista, Francisco José Garzón Amo , se convierte, de nuevo, en el único imputado por el caso del Alvia de Santiago, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase anteriormente a los miembros del consejo de administración de Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.