Ruz abre una pieza separada sobre la 'primera época' de Gürtel para acelerar la causa

Los 45 imputados son políticos del PP (y en algunos casos sus familias) empresarios y miembros de la trama. Entre otros, los presuntos responsables o colaboradores, Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo e Isabel Jordán; los ex tesoreros del PP Angel Sanchis (también su hijo) Alvaro Lapuerta y Luis Barcenas; su esposa Rosalía Iglesias; exalcaldes como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; Alberto López Viejo (y su esposa) Jesús Merino, Ricardo Galeote, José Luis Peñas, Iván Yáñez, Luis de Miguel o Jacobo Gordon.

Esta nueva pieza, como su nombre indica ('1ª época, 1999-2005') refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa desde 1999 hasta 2005 y determinados hechos que se extienden a años posteriores.

Los hechos investigados que se dan por concluidos alcanzan los primeros 6 años de la trama (Ruz señala que los imputados actuaron durante una década) y a operaciones en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de Estepona.

El juez explica que hasta ahora lo más procedente era mantener la instrucción en un único procedimiento. Pero después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, después de todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 estados y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas, es ahora, según Ruz, cuando corresponde desglosar la causa, para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento: "Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa", concluye el juez.

Ruz se apoya en doctrina fijada por el Supremo en materia de delitos económicos para "escindir determinados hechos en una pieza separada". Cita sentencias como la del llamado 'caso Banesto' o la más reciente 'caso Hacienda', para desglosar en piezas la investigación y evitar así "efectos perniciosos" como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macro juicio inabarcable.

El magistrado recoge el prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en Majadahonda, Pozuelo, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Castilla León y Estepona, "sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores" o que se incluirán también en otras piezas posteriores y que el juez apunta: Boadilla, Arganda y Alcalá de Henares así como aquilatar algunos delitos fiscales y de blanqueo.

El magistrado detalla toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas, mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. A través de sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y a la Hacienda pública esos beneficios ilícitos.

Así mismo el juez ha investigado, a través de las 183 comisiones rogatorias todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados.

En su auto, el juez además ofrece acciones a los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo y Madrid por los posibles perjuicios sufridos y pone en conocimiento del PP al objeto de informarle de su derecho a personarse como participe a título lucrativo, en relación con los hechos vinculados a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega y que con su actuación pudieron generar un ilícito beneficio para la formación política cifrado en 236.864 euros.