Seis vocales progresistas del CGPJ piden retirar la reforma de la Ley Orgánica Poder Judicial

Roser Bach, María Victoria Cinto Lapuente, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda pedirán al CGPJ que «inste» al Gobierno a la retirada del citado anteproyecto, sobre el que tiene previsto informar el Poder Judicial el próximo día 26 de junio.

Estos vocales consideran que el anteproyecto «diseña un nuevo modelo que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial». Así, dicen, vulnera los principios que deben regir las determinaciones de los jueces, que son los de independencia, determinación legal, inamovilidad, responsabilidad y sumisión únicamente al imperio de la ley.

Y daña también, continúan, «a las garantías establecidas para asegurar» la efectividad de estos principios, «en especial, la existencia de un Consejo General del Poder Judicial configurado como un colegio plural , que -operando en el seno de un estado democrático estructurado a partir de la división de poderes- actúe como un auténtico contrapeso de los otros poderes constitucionales».

Los vocales reprochan al anteproyecto que desarrolle la reforma del órgano de Gobierno de los jueces actualmente vigente, la cual, dicen, «debe ser calificada como de auténtico fraude constitucional, por cuanto es dudoso que el CGPJ siga siendo el órgano colegiado previsto por la Constitución al haber visto reducida su autonomía y sus competencias».

El informe reprocha al texto promovido desde el ministerio de Justicia, del que es titular Alberto Ruiz-Gallardón, que es «radicalmente falto de rigor técnico», que invade las competencias de otras administraciones y está demasiado centrado en aspectos jerárquicos mientras vulnera garantías de derechos fundamentales.

Además, considera discutible la necesidad de poner esta reforma en marcha en estos momentos y duda de su operatividad («un sistema de justicia en un estado democrático no puede improvisarse ni alterarse repentinamente», señalan en este sentido).

Junto a ello, señala que limita «la capacidad innovadora de los jueces» y les dificulta el planteamiento de cuestiones de constitucionalidad sobre las leyes que deben aplicar, a todo lo cual añade otras »formas de control profesional e ideológico».