La reforma de la administración se enfrenta a la resistencia de las autonomías

Los tribunales de cuentas, los consejos consultivos, los defensores del pueblo y los consejeros autonómicos y sociales son las instituciones señaladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para su supresión. El ahorro acumulado hasta la fecha con las medidas de «adelgazamiento» del Estado asciende a 9.500 millones de euros , según cálculos del Gobierno.

La reforma ha sido efectiva en la supresión de empresas públicas autonómicas y en la eliminación de oficinas en el exterior. No ocurre lo mismo en el caso de las duplicidades de competencias. El Gobierno estima que, eliminando los defensores del pueblo, se podría ahorrar 30 millones cada año. Sin los tribunales de cuentas autonómicos, se dejaría de gastar hasta 46 millones.

Castilla-La Mancha es la única región que ha suprimido su Sindicatura de Cuentas. El PP ha justificado esta decisión por la necesidad de eliminar gastos excesivos en una «administración opaca, que exigía trámites innecesarios». María Dolores de Cospedal es la presidenta autonómica más aplicada, ya que también ha prescindido de la actividad del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico Social y la Comisión de Competencia.

La Rioja, otra de la comunidades más cumplidoras de la reforma administrativa, no dispone de órgano fiscalizador externo, y ha eliminado las figuras del Defensor del Pueblo y del Defensor del Usuario en el ámbito sanitario y el Consejo Económico y Social. En Asturias, PSOE y UPyD pactaron prescindir de la Procuradoría General, si bien no llegaron a un acuerdo para reducir de tres a uno los miembros de la Sindicatura de Cuentas. Murcia también ha decidido suprimir el Defensor del Pueblo, una institución que no existe en Cantabria, Baleares, Extremadura o Madrid.

Del lado de las incumplidoras se sitúan comunidades como Andalucía, que, lejos de delegar competencias, está dando pasos para asumir más. Es lo que ocurre con la Cámara de Cuentas. La Cámara andaluza ha acordado modificaciones legislativas para que pueda fiscalizar las cuentas anuales, y no solo las electorales, de los partidos con representación parlamentaria.

Cataluna va más allá y está dispuesta a acudir a los tribunales lo que considera una «modificación encubierta de la Constitución». En Canarias, PSOE y CC se resisten a desprenderse de la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico Social.

Otras comunidades gobernadas por el PP tratan de sortear el mandato de la CORA. Castilla y León modificó el año pasado el funcionamiento de sus cuatro instituciones propias para rebajar su coste y garantizar así su continuidad. Galicia, que ha reducido el número de diputados, considera claves para su autogobierno órganos como MeteoGalicia, Valedor do Pobo, Consello de contas o Consello Consultivo. El Gobierno balear ha suspendido el Consejo Económico y Social, pero no hará lo mismo con la Sindicatura de Comptes ni el Consell Consultiu.

El País Vasco ha descartado suprimir órganos como el Ararteko o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En verano de 2013, eso sí, aprobó un plan para reducir su administración un 20%. Y en Navarra, Yolanda Barcina aboga por reducir el número de parlamentarios y prescindir del Defensor del Pueblo, pero no ha dado ningún paso para suprimir ninguna institución autonómica.