Interior respalda la propuesta de Botella de limitar los lugares para manifestarse

La opinión de Fernández Díaz ponía orden en otra batalla más en la guerra que sostienen los titulares de las tres instituciones madrileñas, esta vez a cuenta de la regulación del derecho de manifestación, tras las violentas protestas del pasado sábado.

Tanto el presidente Ignacio González como la alcaldesa Ana Botella habían pedido a Cristina Cifuentes que se reordenara el derecho a manifestarse en la almendra central para evitar la afectación al tráfico, comercio y la vida ciudadana en general. La delegada mostró su malestar por no haber recibido la petición «por los cauces legales, y sí a través de los medios de comunicación».

Lo cierto es que, en contra de lo que parece, ni las posturas de los tres compañeros de partido es nueva ni tan distante. Solo la disputa electoral puede explicar el enfrentamiento de las últimas horas. La propia alcaldesa ya había pedido el 27 de septiembre de 2012 que se «ordenasen las protestas y se protegiesen determinados espacios de Madrid», como ocurre en capitales como París; cinco días después, Cifuentes dijo lo mismo en RNE: calificó la legislación de «muy permisiva» y apostó por «modular» ese derecho. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cerró el debate con determinación y rechazó recortar el derecho a manifestarse.

Ahora, sin embargo, su compañero de Gabinete no cierra la puerta a la discusión, seguramente impelido por la virulencia con que se han empleado los manifestantes y el crecimiento exponencial de las algaradas desde que Rajoy ocupa La Moncloa, periodo en el que se han contabilizado más de 8.500 protestas, cada vez más peligrosas para el orden público. Así, Fernández Díaz argumentó que «lo que ha dicho el Constitucional es que mis derechos empiezan donde acaban los del prójimo». El derecho de manifestación está garantizado por el artículo 21 de la Constitución y regulado, con pocas restricciones, por la Ley orgánica 9/83.