En la muerte de Adolfo Suárez: leyes para una nueva democracia

Tan sólo tres semanas después de haber sido designado para el cargo, el primer Gobierno Suárez dio el primer paso para la normalización democrática. El 21 de julio de 1976 se aprobaron los derechos de reunión, asociación, manifestación y propaganda.

El 30 de julio de 1976 se aprobó una primera amnistía parcial para los presos encarcelados por delitos políticos. El Decreto limitaba la amnistía para aquellas faltas y delitos que no llevasen aparejados delitos de sangre, con el objetivo de, como dicta en su primer párrafo, «promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación». Este texto contemplaba «la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939». Este fue el primer paso de la posterior Ley de Amnistía, promulgada el 15 de octubre de 1977, que amnistiaba a los presos políticos y un ramillete de actividades catalogadas como delito como rebelión, sedición y las faltas cometidas antes del día 15 de diciembre de 1976.

Pero antes, a partir de agosto de 1976, el Gobierno comenzó a negociar un proyecto cuyo muñidor fue Torcuato Fernández Miranda: la Ley para la Reforma Política. Con rango de Ley Fundamental del Reino, pretendía liquidar las cortes franquistas a través de su propia ley. Lo que Fernández Miranda denominó «de la ley a la ley». Sería la octava y última de la leyes fundamentales, que serviría para derrocar las anteriores. Es lo que se conoció como el «hara-kiri de las Cortes franquistas». El 18 de noviembre de 1976 éstas aprobaron la Ley con 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. La Ley para la Reforma Política fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976. Poco más de un año después del fallecimiento de Franco, España emprendía un camino incuestionable hacia la democracia.

Las primeras elecciones generales en España se celebraron el 15 de junio de 1977. Las primeras desde febrero de 1936. Pero antes de que los españoles pasasen por las urnas, el Gobierno de Adolfo Suárez procedió a una serie de medidas que contribuían a la liquidación del régimen anterior. Entre ellas destacan la supresión del Tribunal de Orden Público, la extinción del Movimiento Nacional, el desarrollo de una normativa electoral y la paulatina legalización de los partidos políticos, que tuvo como punto álgido la legalización del Partido Comunista de España (PCE) en el mes de abril, en plena Semana Santa, lo que suponía un desafío a los sectores más inmovilistas del franquismo y un compromiso personal de Suárez y el Rey, que habían manifestado que para que la transición fuese completa tenían que tener cabida en ella todas las fuerzas políticas.

Con una participación del 78%, las elecciones generales trajeron consigo un nuevo Parlamento. La UCD de Adolfo Suárez logró la mayoría simple con 165 diputados. Suárez ganaba para sí la legitimidad popular, y dejaba de ser un presidente del Gobierno designado por el Rey para pasar a ser un mandatario plenamente democrático. Aquellas elecciones siriveron para configurar el mapa de la segunda etapa de la transición, en la que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se colocó como segunda fuerza política con 118 escaños. Mientras, el PCE consiguió 20 diputados y Alianza Popular 16.

La primera tarea a la que se enfrentó el nuevo Gobierno fue hacer frente a una feroz crisis económica, que había tenido como mecha la crisis del petróleo de 1973. España, que importaba cerca del 70% de su energía se había visto muy afectada por una crisis que habñia disparado el precio del barril de crudo desde los 1,6 dólares hasta los más de 14. La relación imediata de esta crisis fue un imparable aumento de la inflación, que a mediados de 1977 superaba el 28%. El déficit exterior no paraba de crecer, al igual que el endeudamiento de empresas y particulares, a la vez que el desempleo se incrementaba.

En Agosto de 1977, el Gobierno comienza una rona de contactos con las fuerzas políticas y con la oposición para abordar la crisis. El 25 de octubre de ese año se ratifica un acuerdo en el Palacio de la Moncloa que rubricaron en su apartado económico todas las fuerzas políticas. Los pactos, que fueron ratificados dos días después por el Parlamento. Las medidas iban encaminadas a reducir el déficit público, para lo que se implementó una reforma de la administración tributaria. También se frenó la masa monetaria y la fijación de un nuevo tipo de cambio para la peseta que ayudase a contener y reducir la deuda exterior del país y moderar la inflación. Se fija en un 22% el tope para el aumento de los salarios. En materia laboral, se reconoció el despido libre para un máximo del 5% de la plantilla, el derecho de asociación sindical y una nueva regulación que permitía la contratación temporal.

Pero los Pactos de la Moncloa no se dirigieron sólo al ámbito económico, sino que se dirigieron también a otras cuestiones del ámbito político, derogando los últimos estertores de la estructura del Movimiento Nacional. La más destacada fue la eliminación a las restricciones que afectaban al ámbito de la prensa, derogando la censura previa, que quedaba entonces limitada a decisiones del poder judicial. También se modificó la legislación sobre los secretos oficiales, para posibilitar la obligación parlamentaria de acceso a los mismos por parte de la oposición. Se crea también el delito de tortura, así como el reconocimiento de la asistencia letrada a los detenidos. También se despenalizó el adulterio y el amancebamiento.

Después de legislar contra la crisis económica, las Cortes se dispusieron a elaborar una nueva Constitución. El Congreso se creó una ponencia compuesta por José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero de Miñón representando a UCD, Gregorio Peces Barba (PSOE), Manuel Fraga (AP), Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca, en representación de los nacionalistas catalanes. Los «padres de la Constitución» redactaron un texto que debía ser ratificado por las Cortes. Para desbloquear varios asuntos que se encallaron en la negociación y para evitar que se aprobase una Constitución sin el apoyo del PSOE, principal partido de la oposición, Adolfo Suárez encargó a su vicepresidente, Fernando Abril Martorell, que dirigese unas negociaciones a dos bandas en las que Alfonso Guerra representó al PSOE. Son los conocidos como «pactos del mantel», una serie de reuniones celebradas en el madrileño restaurante «José Luis».

Estrucutrada en 169 artículos, la CE reconoce a España como un «Estado social y democrático de Derecho». Establece la forma política del país como una Monarquía Parlamentaria. La Carta Magna incluye una disposición derogatoria que fulmina las Leyes Fundamentales del Reino, garantiza todas las libertades democráticas y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones que la integran, algo que marcaría los siguientes pasos en el devenir de la Transición política.

El 31 de octubre de 1978 la Constitución fue ratificada por las Cortes, y el 6 de diciembre aprobada en referendum por el pueblo español. El 27 de diciembre la norma es sancionada por el Rey, y dos días después se publica en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor.

Entrado 1979, España se encaminaba a las urnas por cuarta vez en poco más de dos años. El 3 de marzo de ese año UCD volvía a ganar las elecciones generales, convirtiéndose Suárez en un presidente del Gobierno constitucional. Tan sólo un mes después se celebraron las primeras elecciones municipales tras la llegada de la nueva democracia.

Ya antes de aprobar la Constitución, varias regiones alcanzaron acuerdos con el Gobierno de Suárez. El 29 de septiembre de 1977 un decreto estableció nuevamente la Generalitat de Cataluña. En el proceso catalán cobra especial significado el retorno de su exiliado presidente, Josep Tarradellas. En el País Vasco se creó el Consejo General Vasco el 30 de diciembre de 1977. En 1978, una serie de decretos-ley crearon organismos preautonómicos para Galicia, Asturias, Castilla-León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias y Baleares.

El proceso autonómico adquiere una dirección irrevocable con la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, algo que sucedió el 25 de octubre de 1979. El mapa autonómica estaba listo, y todo quedaba preparado para unos comicios autonómicos que se celebrarían en 1983.