Ruz, a la espera de siete informes para decidir sobre Bárcenas

El último de los informes que ha sido puesto a disposición del magistrado en esta causa, ha sido uno de la IGAE sobre la compra de la sede del PP en La Rioja, cuyas conclusiones han llevado a Ruz a sospechar que se pudo adquirir con dinero negro, con lo que, de confirmarse, el partido habría incurrido en un delito fiscal en 2008.

En cuanto a los informes aún pendientes, el magistrado de la Audiencia Nacional está a la espera de tres informes de la UDEF, uno de ellos de análisis de la documentación recabada en la sede nacional del PP y la intervenida en la empresa Unifica, que se encargó de las obras de reforma del edificio de la calle Génova.

La Policía deberá comparar los documentos requisados el pasado 27 de septiembre en el registro de la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en esta causa y que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 888.000 euros en dinero negro, con los recabados en la denominada «diligencia de requerimiento» que se prolongó durante 14 horas en la sede del PP el 19 de diciembre.

La UDEF también deberá entregar a Ruz un informe más general sobre las posibles coincidencias entre los donativos de los empresarios al PP que figuran en los papeles y las adjudicaciones públicas a esas empresas, con el objetivo de concretar si hay indicios de un delito cohecho en el caso Bárcenas.

El tercer informe pendiente de este cuerpo de seguridad trata sobre la posible existencia de correlaciones entre apuntes de la supuesta contabilidad B de Bárcenas en concepto de donativos y sendos ingresos en cuentas del extesorero en bancos de Suiza. Este informe lo encargó el juez el pasado octubre para ampliar el que ya realizó la Policía sobre este aspecto, en el que concluyó que hay una correlación «temporal y cuantitativa» entre dos apuntes y sendos ingresos en sus cuentas de la entidad suiza Dresdner Bank.

La IGAE también tiene pendientes de entregar al juez otros tres informes, uno de ellos similar al de la UDEF en el que tiene que analizar si pudo haber un delito cohecho si se demuestra una contrapartida entre las adjudicaciones públicas a empresarios y las supuestas donaciones en B al PP.

La presentación de este informe y el de la UDEF, de similares características, se está retrasando en el tiempo, según las fuentes, porque recientemente se ha aportado documentación de contrataciones públicas de nuevas empresas supuestamente donantes. En uno de esos análisis, la IGAE debe investigar una entrada de 126.000 euros en los papeles de Bárcenas, que supuestamente sirvió para devolver un crédito del PP nacional al partido en Galicia.

La IGAE también tendrá que entregar un informe sobre una adjudicación por parte del Ayuntamiento de Toledo a Sufi, una filial de la constructora Sacyr, que se investiga por si respondió a una comisión de 200.000 euros dada por la empresa para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las autonómicas de 2007.

Por último, la Agencia Tributaria debe presentar a Ruz un informe sobre un posible delito fiscal del PP en el pago a Unifica, empresa que se sospecha pudo cobrar en negro parte de la reforma de la sede que el PP realizó entre 2005 y 2011 y que según consta en los papeles de Bárcenas pudo recibir tres pagos en B por un total de 888.000 euros.