La Fiscalía del Supremo pide que se confirmen los 6 años de prisión a Munar

El Ministerio Público del Supremo sólo ha estimado ahora uno de los siete motivos alegados por la exlíder nacionalista en el recurso que presentó contra su condena, que además de los seis años de cárcel incluía un total de 25 años de inhabilitación. El fiscal considera que debe ser retirada la pena impuesta por prevaricación, que le habría sido aplicada a Munar de manera indebida. Sin embargo, ello no supondría ninguna reducción por lo que respecta a los años de cárcel, que se mantendrían sin cambios, sino sólo a los de inhabilitación, que se reducirían en diez y quedarían finalmente en 15 años.

Cabe recordar que con anterioridad, en julio de 2012, la Audiencia Provincial había condenado ya a Munar a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el marco de otra causa, el llamado «caso Maquillaje», en el que se investigaba una presunto desvío de fondos públicos por parte de la citada institución insular a través de subvenciones irregulares. Esta primera condena fue recurrida en su momento ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de octubre confirmó esa primera pena de cárcel.

Por otra parte, esta misma semana el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha decidido aplazar hasta el próximo 11 de marzo las comparecencias de Munar, y del exconsejero insular de Territorio, Bartomeu Vicens, que debían declarar el pasado miércoles como imputados por presunto blanqueo de capitales en el marco del llamado «caso Son Oms», en el que se investiga la supuesta recalificación irregular, a cambio de comisiones, de diversas parcelas en el polígono palmesano del mismo nombre. En el juicio por el «caso Can Domenge», Vicens había vinculado directamente a Munar en esa supuesta trama de cobro de comisiones en Son Oms.

Teniendo en cuenta la posibilidad de futuras nuevas condenas, recientemente la defensa de Munar ha mantenido como mínimo dos reuniones con la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de intentar llegar a un posible pacto, según el cual la expresidenta de UM podría obtener beneficios penitenciarios y penas menos severas a cambio de devolver a las arcas públicas una parte significativa del dinero que habría malversado.