Los abertzales piden acabar con la «cruel» dispersión de presos de ETA pero no condenan los crímenes

En una rueda de prensa en San Sebastián en la que no se han aceptado preguntas de los periodistas, el portavoz de Sortu Pernando Barrena, y la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide , han leído un texto en castellano y euskera, respectivamente, valorando el último comunicado del colectivo de presos de ETA (EPPK).

Han estado acompañados de la también portavoz de Sortu Amaia Izko, Gorka Berasategi de LAB y los miembros de Ernai Irati Sienra y Aitor Anda. Barrena y Etxaide han destacado «la importancia y el enorme valor» del último comunicado de EPPK así como la rueda de prensa ofrecida este sábado en Durango con una lectura política «responsable, constructiva y en definitiva muy positiva» , ya que «reafirmaron su compromiso con el nuevo escenario político fruto de la estrategia de la IA».

Además, ha destacado que la decisión de EPPK «no ha sido fácil», ya que además ha sido tomada como «consecuencia de un debate llevado a cabo bajo una situación de excepción y de dispersión penitenciaria» . Por otro lado, han criticado que «el Estado continúa sin mostrar ningún tipo de voluntad de solución y especialmente en lo que se refiere a las consecuencias del conflicto ha preferido enrocarse alrededor de las posiciones más ultramontanas y vengativas».

« E l PP ha convertido la política penitenciaria en la gran batalla en su intento de imponer el esquema de vencedores y vencidos», han sostenido, para añadir que en esa tarea PP y el PSOE van agarrados de la mano». En este contexto han opinado que la iniciativa de los presos de ETA «no deja lugar a la duda, de manera positiva y constructiva como herramienta para el avance del proceso de paz» y la nueva situación que dibuja» esa propuesta «marca claramente cuáles debieran ser los siguientes pasos» .

En este sentido, han abogado en primer lugar por «terminar con la dispersión como castigo cruel e inhumano contra los presos y sus familiares». «La dispersión es otra forma de tortura», han denunciado, para insistir en que se trata del «ejemplo más evidente de la utilización de la violencia por parte del Estado para imponer objetivos políticos».

Los presos, «fundamentales»

Al respecto, han considerado «fundamental asegurar la participación del colectivo de presos en la dinámica social y política para hacer viable el proceso de paz y la normalización política«, porque »son activos importantes para el proceso de paz».

También han defendido que corresponde a la sociedad civil y a los actores políticos vascos «determinar cuál debe ser la hoja de ruta que permita avanzar hacia la paz, el reconocimiento como sujeto político y el derecho a decidir», así como «cuáles deben ser los espacios para ello, desde Aiete a las instituciones vascas». «Todos debemos implicarnos en esa tarea sin condicionar nuestra disponibilidad a la de un tercero», han insistido, porque, a su juicio, es «totalmente inaceptable permanecer impasible ante la posición de Madrid que pretende arruinar el futuro en paz de la sociedad vasca».

«Hay materia» en Durango

El secretario de Justicia, Derechos y Libertades del Partido Popular, Iñaki Oyarzábal, ha considerado que «hay materia» para investigar y estudiar si en el acto celebrado ayer en Durango (Vizcaya) por parte de expresos de ETA hubo delito de enaltecimiento del terrorismo.

En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del PP, el también secretario general de los populares vascos ha lamentado la «escenificación impresentable» que se produjo en el acto de ayer, que para su partido no debió celebrarse, y que supuso una nueva «ofensa» a las víctimas del terrorismo y al conjunto de los demócratas españoles.

Oyarzábal ha subrayado que el PP discrepa «radicalmente» de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y del fiscal de permitir ese acto, porque «debían haber hecho todo lo posible para evitar» su celebración.

Por otro lado, ante la declaración de Sortu denunciando la política penitenciaria del Gobierno, el dirigente popular ha insistido en que ETA tiene que disolverse y desaparecer de forma definitiva y mientras eso no ocurra, ha añadido, la política penitenciaria debe ser «un instrumento al servicio del Estado de derecho para terminar con la banda».

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) prevé emprender acciones legales contra los participantes , entre ellos más de 60 etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot, al entender que se cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza , ha explicado que se ha puesto en contacto con el abogado de la asociación para que estudie qué acciones se pueden emprender contra los organizadores y participantes en el acto, ya que, como denunciaron la semana ante la Audiencia Nacional, «supone un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas tipificado en la ley».