El Gobierno retoca el preámbulo de la ley del aborto para enfatizar el derecho a la vida

«La Constitución Española, en su artículo 15, establece que todos tienen derecho a la vida. Dicho derecho, en el mismo sentido que lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos ratificados por España, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional la vida humana) y constituye el derecho fundamental, esencial y troncal sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el artículo 10 de la Constitución como núcleo de otra serie de derechos inviolables».

Distinto arranque

Así comienza ahora el texto del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso ABC, en un primer párrafo que enlaza con la doctrina del TC sobre el nasciturus y que hasta el pasado viernes era el inicio del preámbulo de la nueva norma: la vida del concebido y no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución, que conlleva para el Estado dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma.

Tras recordar que la protección de la vida del nasciturus no tiene un carácter absoluto y que debe ser ponderada en relación con otros derechos, el Gobierno ha retocado el texto para hacer hincapié en este punto en la colisión de los derechos del no nacido con otros relativos a «valores constitucionales de muy relevante significación», como son la vida y la dignidad de la mujer.

«La dignidad frente a la vida»

En un párrafo añadido se dice que se trata de «graves conflictos de características singulares que no pueden contemplarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del no nacido. Ni esta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus , dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional».

De esta forma, el Gobierno argumenta que solo una situación de grave peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o «la presión insoportable que para la mujer puede suponer la gestación que es consecuencia de una agresión sexual», representan supuestos de colisión entre la vida del nasciturus y derechos relativos a valores constitucionales de extraordinaria significación (la vida, la salud y la dignidad más esencial de la mujer) que justifican, bajo determinadas condiciones, la admisión de la prevalencia de éstos sobre aquel».

Son los únicos supuestos, prosigue la exposición de motivos, en los que procede la despenalización del aborto, «sin que la ley pueda condicionar el valor de la vida del nasciturus exclusivamente a la voluntad de la mujer embarazada o a las expectativas sobre la discapacidad futura de aquel».

Aún así, sobre este punto se admite que el peligro para la salud de la mujer, «especialmente en los casos en los que se ve agravado por la situación de angustia o necesidad que deriva de la gestación y el futuro nacimiento del niño», puede ser «muy diferente» según las circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, sin que sea tampoco igual, en todos los supuestos, la disposición personal de la madre a anteponer la vida de su hijo a sí misma. «La ley no puede proporcionar una medida objetiva y única (para resolver este conflicto) «que resulte aplicable a todos los casos por igual», reconoce.