El Consejo de Europa acepta que España bloquee el pago de la indemnización a Inés del Río
Se muestra satisfecho por las medidas dispuestas en España para aplicar el fallo que anuló la doctrina Parot
efe
El Comité de Ministros del Consejo de Europa se ha mostrado satisfecho por las medidas dispuestas en España para aplicar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos sobre la conocida como doctrina Parot .
Ese órgano se felicitó «de la respuesta dada a la ... medida individual impuesta por la Corte europea», en alusión a la puesta en libertad de la miembro de ETA Inés del Río Prada, tal como había pedido en su sentencia del pasado 21 de octubre.
Los miembros de ese comité examinaron los escritos remitidos por la Abogacía del Estado español sobre el cumplimiento de la sentencia y una carta de desacuerdo que había enviado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite).
España comunicó a través de la Abogacía que no abonará a Del Río Prada los 1.500 euros por honorarios y gastos que fijó la sentencia . Además, informó de que tampoco le pagará la indemnización de 30.000 euros, cantidad que imputará a la deuda que Del Río tiene contraída con el estado.
La correspondencia del Gobierno con el Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la ejecución de la citada sentencia afirma que la deuda de Del Río con sus víctimas en concepto de responsabilidad civil asciende a 1.591.454 euros .
Hoy el comité estimó que el acuerdo adoptado por la Sala Penal del Tribunal Supremo español el 12 de noviembre, por el que cada tribunal sentenciador debe dirimir el alcance del fallo de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la doctrina Parot, «se alinea» con las conclusiones de la sentencia europea.
Y además los ministros consideran «conforme» a la práctica de ese comité la decisión de las autoridades españolas de no pagar a Del Río la indemnización de 30.000 euros.
En la documentación que examinó el Comité de Ministros también se incluyó una carta que la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez , les envió el pasado 23 de noviembre.
En ella expresa su desacuerdo con la sentencia, que supone «un golpe a la dignidad de las víctimas» y añade que la «urgente e incorrecta» ejecución «no garantiza los derechos de los ciudadanos y establece un precedente peligroso en el área de la libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea».
Por todo ello el Comité de Ministros ha decidido clasificar el caso, lo que significa que, a partir de ahora, será el Gobierno español quien deba seguir informando de las novedades de la ejecución de la sentencia Del Río, y quien envíe un informe final.
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