¿Deben los diputados autonómicos cobrar el paro?

Según el texto de la iniciativa, la relación de un cargo electo con respecto a la institución en la que representa a la ciudadanía no es un «vínculo laboral», pero «en un gran número de casos la dedicación a que obliga la función conlleva una implicación personal plena, lo que tiene su reflejo en el régimen de incompatibilidades y de percepciones económicas » previsto en cada ámbito.

Por eso, el Parlamento vasco considera que es necesario «abordar la finalización del mandato» de los parlamentarios regionales mediante la «previsión de la prestación por desempleo», modificando para ello tanto la Ley General de la Seguridad Social, de 1994, como la Ley de Inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, de 2006.

Para ello, la Cámara vasca plantea que se cuente a los diputados autonómicos entre los c olectivos obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social , lo mismo que los miembros de las corporaciones locales, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, de los Cabildos Insulares Canarios y de los Consejos Insulares Baleares.

Asimismo, se propone que entre los sujetos comprendidos en la protección por desempleo figuren, «en las condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena», los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que estarán así obligados a cotizar por esta contingencia.

Con estas modificaciones, explica el Parlamento vasco, se daría un paso más tras la decisión, en 1999, de que los parlamentarios autonómicos pudieran cotizar al Régimen General de la Seguridad Social a través de convenios especiales entre ambas instituciones, superando así la falta de «previsión alguna que ampare normativamente el pase a la situación de desempleo por quien ha cesado en su condición parlamentaria».

«Se establecen de esta forma las correspondientes cotizaciones, certificaciones de la situación de desempleo y de no reingreso a un puesto de trabajo y la habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario oportuno», concluye la iniciativa parlamentaria.