Fernández Díaz: «Los miembros de ETA tiene dos opciones, disolverse o arrepentirse y pedir perdón»

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco del simulacro europeo de respuesta a un accidente nuclear que se desarrolla en Cáceres, Fernández Díaz ha dicho que este miércoles, el ministro ha confirmado que ha conversado con sus homólogos de Francia, Manuel Valls, y de Portugal, Miguel Macedo, sobre otros temas de interés común no relacionados con el simulacro de emergencia nuclear al que han asistido este miércoles en Cáceres. Así, ha dicho que, en concreto con Francia se comparte "absolutamente" una misma política antiterrorista común y ambos países mantienen un diagnóstico compartido en relación con el terrorismo de ETA.

A este respecto, ha destacado que ni a Francia ni a España les basta con el fin de la actividad terrorista de ETA sino que quieren y, por ello, van a seguir trabajando conjuntamente para la disolución incondicional de la banda.

«Cuando digo incondicional quiero decir que no vamos a negociar con una organización terrorista y, en cuanto a la política penitenciaria, más allá de los acontecimientos últimos (en relación con la reciente sentencia europea respecto a la doctrina Parot), vamos a continuar con nuestra política penitenciaria porque mientras ETA subsista, la política penitenciaria de dispersión forma parte de la política antiterrorista», ha apostillado.

Por ello, ha añadido que si los terroristas quieren que finalice la política de dispersión "lo tienen muy fácil" puesto que su solución pasa o bien porque ETA se disuelva o bien que, no disolviéndose, los presos etarras se arrepientan de sus crímenes y pidan perdón. "A partir de ahí, ha dicho que les serán aplicables los programas de reinserción individuales en el marco de la Ley de política penitenciaria que se desarrolla, precisamente, en el País Vasco", ha indicado.

«Está en su mano que esa política de dispersión finalice, o bien porque ETA se disuelva o porque ellos se desvinculen de ETA», ha subrayado. Finalmente, sobre si el Gobierno piensa adoptar medidas tras la sentencia europea contra la doctrina Parot, ha recordado que España es un Estado de derecho que cumple, por tanto, la legislación, y que son los jueces tienen la competencia para decretar el ingreso en prisión. "Nos sometemos, como no puede ser de otra manera a lo que digan los jueces, que son los encargados de aplicar la ley", ha concluido.