El Gobierno vasco racanea a las víctimas

Según la resolución de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco a la que ha tenido acceso Efe, el proyecto de Covite ha sido rechazado por su «coincidencia con la actividad propia de la Administración» y porque tiene el mismo «objeto específico de actuación» de una entidad pública de «inminente creación». El Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu se refiere con estos términos al «mapa del sufrimiento» que anunció el pasado mes de marzo el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, quien dijo que en él se recogerán las «vulneraciones de derechos humanos» ocurridas durante los últimos 50 años en esta Comunidad Autónoma..

Covite había solicitado una subvención al Ejecutivo vasco de 19.500 euros para elaborar su mapa multimedia, al entender que el que propone elaborar el Gobierno autonómico es un «totum revolutum». Por ello, fuentes de este colectivo de víctimas han señalado a Efe que recurrirán esta decisión y han puesto de relieve su intención de concluir el trabajo que iniciaron hace meses para recopilar toda la información necesaria con el fin de elaborar este «Mapa de la Memoria», que describe mediante textos, fotos, recortes de prensa y vídeos 602 asesinatos desde 1960 hasta 2009, cuando ETA perpetró el último atentado en suelo vasco.

El mapa geolocaliza todos estos crímenes cometidos por ETA , pero también por el Batallón Vasco Español, la Triple A, los GAL o los Comandos Autónomos Anticapitalistas en el País Vasco, aunque sus promotores prevén extenderlo después al conjunto de España.

Pese a la negativa de la Dirección vasca de Víctimas, Covite sigue defendiendo el valor de esta herramienta multimedia, que no se asemeja a nada de lo que se ha hecho hasta ahora, y tiene la intención de culminarla, incluso pagándola con sus propios fondos. Por el momento no han solicitado ayudas al Ministerio del Interior, algo que no descarta hacer este colectivo, que se lamenta de que el Gobierno vasco les haya denegado esta subvención con el argumento de que este trabajo ya lo está haciendo el propio Ejecutivo autonómico.