La investigación de los ERE, un pozo sin fondo

Asimismo, la juez instructora solicita más documentación a la Junta de Andalucía, afectada de lleno por este escándalo, y pide al Ministerio de Empleo que informe sobre varios aspectos de las ayudas sociolaborales dadas por la administración andaluza.

La juez le pide a la Junta que todavía preside Griñán, en relación con las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo de 2010, el expediente completo de la generación de un crédito por importe de 20 millones de euros firmado por el director general de Presupuestos el 21 de noviemnbre de 2010. También solicita la rectificación de la transferencia de crédito por valor de otros 20 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010.

Alaya pide que se libre un oficio a la secretaría general técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que informe sobre si las ayudas sociolaborales previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por los ERE de la Junta están o no incluidas en el ámbito laboral, «cuya legislación es competencia exclusiva del Estado».

En su auto, la juez pide que se aporte la posible participación de los servicios del Ministerio en esas ayudas y la documentación de los créditos autorizados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y sucesivos, a favor de la Consejería de Empleo para subvenciones en el ámbito laboral.