El perito que eligió Castro para las cuentas de la Infanta tiene tres años de periodismo

Como ya informó ABC, la Agencia Tributaria denegó la solicitud del magistrado, lo que ha sido ampliamente criticado desde distintos sectores, incluso por el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado , quien ha acusado a ese organismo de «no cooperar con el juez». También formaciones políticas, como Izquierda Unida, o Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, han acusado a Hacienda de entorpecer la investigación a Doña Cristina .

Sin embargo, no aluden al informe presentado al juez por la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana , para justificar esa decisión, que firma ella al ser ese organismo el requerido por el magistrado y no la Delegación de Cataluña, dos de cuyos inspectores ya realizan desde hace tiempo el auxilio judicial al magistrado. En el documento se explica que «no existe previsión legal alguna que permita adscribir a un juzgado o tribunal a un funcionario que se encuentre prestando servicios» en el citado organismo.

También resulta «insólito», según los expertos consultados por ABC, que Castro pidiera a un perito concreto, porque el auxilio judicial -la figura legal a la que debía remitirse el magistrado-, prevé que se preste por la entidad pública requerida, en este caso la Agencia Tributaria, pero es ésta quien decide qué funcionarios concretos hacen el trabajo. Más aún; «son solo los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado los que disponen de la titulación, competencia funcional y formación técnica más completa para realizar las funciones encomendadas», recuerda Viana, que añade: «Con la normativa aplicable no procede designar a un funcionario perteneciente al Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera (…). No se les exige ni la titulación ni los conocimientos técnicos necesarios para realizar las funciones del concreto auxilio judicial solicitado». Una argumentación que encaja con el perfil de NUMA 3173, del que por otra parte nadie discute su buen hacer.

Decisiones sorprendentes

A los expertos consultados por ABC les llama también la atención dos de las últimas decisiones del juez: que pida las declaraciones de la Renta de la Infanta desde 2002 hasta 2012 , cuando el delito fiscal tiene un plazo de prescripción máximo de cinco años, y que solicite si Doña Cristina ha declarado propiedades en el extranjero, como marca el modelo 720 en vigor. «Ese modelo lo prevé la Ley Antifraude, que dicta que hay que informar de los bienes que se tienen en el extranjero, pero se aprobó el año pasado y entró en vigor este. De modo que es absurdo pedirlo en el periodo que va de 2002 a 2011, porque no existen».

Igualmente, las fuentes muestran su perplejidad por el hecho de que el juez Castro pida determinados informes a la Inspección de la Agencia Tributaria cuando debía hacerlo a los funcionarios designados al auxilio judicial. La primera, simplemente, no puede hacer ese trabajo por impedimento legal, toda vez que la vía administrativa, la de su ámbito, quedó suspendida en enero pasado cuando este organismo comunicó que se habían apreciado indicios de delito contra la Hacienda Pública del Instituto Nóos, en 2007, y de Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008, por lo que se formuló denuncia en el juzgado de Castro. «Hay que decir que nadie (ni el Juzgado, ni la Fiscalía ni ninguna de las partes del proceso) puso en cuestión esta decisión adoptada por la Agencia Tributaria», recuerda un informe de la Delegación de Cataluña de este organismo también enviado a Castro.