La gestión política de Chacón aboca a la quiebra a la entidad estatal del suelo
El Gobierno ha tenido que anular la operación Campamento, de un millón de metros. El PSOE comprometió 550 millones de euros a un mes de las elecciones generales
La gestión política de Chacón aboca a la quiebra a la entidad estatal del suelo
Una serie de operaciones inmobiliarias fraguadas en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero han estado a punto de llevarse por delante a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes). El hilo conductor es Carme Chacón, que estuvo al frente del Ministerio ... de Vivienda entre julio de 2007 y abril de 2008, antes de pasar a Defensa. En ese periodo toman forma una serie de operaciones urbanísticas con el Ministerio de Defensa.
Entre 2008 y 2011, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria , el Sepes compra a Defensa terrenos de antiguos cuarteles en Madrid, Sevilla, Valencia y Melilla por 260 millones de euros. Chacón hace un gran negocio para Defensa a costa de Vivienda, donde la había sustituido Beatriz Corredor.
El Sepes, cuya historia se remonta 50 años, era un organismo solvente y conservador en sus inversiones, pero la estrategia de construir grandes urbanizaciones se tradujo en unas inversiones de 300 millones de euros en 2009, que multiplicaban por diez los ingresos de esta sociedad pública.
150 millones por la parcela
Entre las compras de suelo a Defensa destaca la operación Campamento, en el sur de Madrid. El Sepes se comprometió a pagar a Defensa 150 millones de euros por un millón de metros cuadrados , aunque la envergadura del desarrollo supera los 550 millones de euros. Al suelo hay que sumar casi 379 millones que costaban los trabajos de construcción y otros 25 millones de costes financieros. Como primer paso, el Sepes tuvo que solicitar préstamos por más de 360 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sólo los intereses del primer año supusieron 4,9 millones.
En esta operación hay otros datos muy relevantes. El primero es que el Convenio entre el Sepes, Defensa, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se firmó el 24 de octubre de 2011, cuando apenas restaba un mes para las elecciones generales del 20 de noviembre . Zapatero ya había suprimido el Ministerio de Vivienda, que volvió a Fomento, donde mandaba José Blanco. Hay quien vio intereses electorales en este hecho, ofrecer a los votantes del Sur de Madrid viviendas asequibles. En el momento de la firma del Convenio, el director del Sepes es el actual diputado socialista Pedro Saura, portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso. Dejó firmada la propuesta de la operación tres días antes de dimitir del cargo para concurrir a los comicios electorales.
Por otro lado, los terrenos estaban afectados por una sentencia judicial que convertía la actuación proyectada y los aprovechamientos urbanísticos en nulos de pleno derecho. Según distintas fuentes, esta información no se incluyó en la tramitación del expediente . Otra sentencia del Tribunal Supremo confirmó el pasado septiembre la anulación de 21 planes urbanísticos de Madrid, entre ellos Campamento.
El nuevo Gobierno del Partido Popular se encontró con el compromiso de la inversión de 550 millones de euros. Por esa fecha las muy optimistas previsiones del área de Vivienda del Ejecutivo de Zapatero no se habían cumplido. La crisis económica las había dinamitado por completo.
El precio del suelo había caído en picado y la Intervención General de la Administración del Estado obligó al Sepes a ajustar el valor contable de su cartera de suelo. Así, el organismo público cerró 2011 con unas pérdidas de 124 millones de euros.
Solares vacíos
Los pisos, una buena parte de protección oficial, tenían que empezar a venderse este año, en 2013, pero no se ha movido ni una piedra. En esta coyuntura, el Sepes estaba abocado a la quiebra. El crédito solicitado al ICO se tenía que devolver a partir de 2015 a razón de 50 millones de euros anuales, pero el organismo público apenas está ingresando treinta. La situación era del todo inviable y el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto.
Tras un informe de la Abogacía del Estado, el Consejo de Ministros del pasado viernes tomó cartas en el asunto. Ante la inviabilidad del convenio, el Gobierno dispuso que la entidad estatal del suelo devuelva el 75 por ciento de los terrenos al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
La ruptura del Convenio ha perjudicado al Ministerio de Defensa, para el que Chacón hizo un gran negocio, en detrimento de Vivienda, claro está. El organimso que ahora encabeza Pedro Morenés recibió 37,6 millones de euros a la firma del Convenio , equivalente al 25 por ciento de las parcelas, pero confiaba en cobrar el 75 por ciento restante, que asciende a casi 113 millones de euros.
Defensa acata
No obstante, desde Defensa no se plantean exigir ningún tipo de compensación por la ruptura del contrato, ya que al final todo se enmarca en el bien general del Estado , pero el perjuicio es evidente: ahora tienen sobre la mesa decenas de miles de metros cuadrados de suelo para los que no hay proyecto alguno.
La compraventa de los terrenos de la operación Campamento y el resto de parcelas militares podría encuadrarse en la habitual colaboración entre los distintos ministerios. Pero no puede pasarse por alto el hecho de que la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, había sido previamente titular del extinguido Ministerio de Vivienda, al que estaba adscrito el Sepes, lo que despertó susceptibilidades.
Desde el entorno de la socialista catalana quieren destacar a ABC que, aunque el Sepes dependía de Vivienda, «es una sociedad autónoma con un consejo de administración que toma sus decisiones» . También insisten en que el hecho de encadenar la dirección de los ministerios implicados, Vivienda con Defensa, es una «casualidad» y «la operación Campamento se habría firmado con o sin Chacón, ya que arrancó años atrás».
Fuentes del Partido Popular ven un trasfondo por encima de los gestores del Sepes: impulsar políticas de Vivienda , una de las áreas por las que apostó Zapatero, desoyendo las evidencias de la crisis económica que hacían inviables dichos proyectos.
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