El juez interroga al marido y a la madre de Santamaría como testigos del acoso en su domicilio

El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra un total de 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policías testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia librando oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la «orden de servicio» relacionada con la concentración. Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento.

En un auto fechado el pasado 12 de abril, que se conoció el día 19, el magistrado acordaba incoar diligencias previas a instancias de una denuncia presentada por el marido de la vicepresidenta al estimar la posible existencia de un delito de coacciones, amenazas y manifestación ilegal derivados de su participación en la concentración. Siete días más tarde, además de citar a los policías que participaron en el 'escrache', pidió información sobre quiénes son los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse según han señalado fuentes del caso.

Las diligencias se abren después de que el pasado 8 de abril entrara en el Decanato de los Juzgados ordinarios el atestado policial de la Brigada Provincial de Información. En el informe constaban los identificados en la protesta por parte de la Policía. El atestado se unió el 9 de abril a una denuncia presentada por los citados hechos a instancias del marido de Sáenz de Santamaría, que recayó en el Juzgado número 4 de Instrucción. En los fundamentos de derecho, el juez relataba que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 6 de abril se congregaron cerca de unas 300 personas enfrente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos. Según el juez, la naturaleza y circunstancias de tales hechos no están determinados, «pero sí las personas que en ellos han intervenido».