La Junta de Andalucía se empecinó en mantener el fondo al margen de la ley

Así las cosas los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicitaron a la magistrada que les comunique el nuevo calendario de declaraciones mientras la juez volvió ayer a demostrar lo especial de su horario. Ayer Lunes Santo llegó al juzgado a las tres de la tarde, cuando ya la mayoría de los funcionarios se habían marchado y se encerró en su despacho a examinar la numerosa documentación que ha recibido procedente de los registros. Todo indica que la magistrada tiene previsto dar importantes pasos en esta operación antes de tomar esas declaraciones. Sin embargo, como la trama se encuentra aún bajo secreto del sumario, ayer no trascendieron las intenciones de Alaya aunque la guardia que le tocaba hacer hoy la hará finalmente el juez adscrito a su juzgado, Rogelio Reyes, lo cual hace suponer que seguirán encajando el puzle de los ERE fraudulentos de la Junta de Aandalucía.

En cualquier caso a falta de que ordenen nuevas diligencias, el punto de mira está puesto en el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ya fue encarcelado y salió bajo fianza el pasado agosto. De hecho, en uno de esos últimos autos se asegura que la Consejería de Empleo participó en el proceso de enriquecimiento que provocó el sistema, además de las consultoras, sindicatos y despachos de abogados.

Y también que las sobrecomisiones se acordaron por el director general de Vitalia con la Administración andaluza representada por la Dirección General de Trabajo, «pero con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos, Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por otro».

Pero Mercedes Alaya, que insiste en que las ayudas obviaron el control de la Intervención General de la Junta tanto en su fase previa o crítica como en el control del destino dado a las ayudas, insiste en que las piezas del puzle «comienzan a encajar». Y de ello asegura que el sobrecoste de las pólizas que durante más de una década han soportado las arcas andaluzas «ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía de disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones».

Un sistema que Alaya cree perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas «se convierte en el verdadero negocio» y que además considera «absolutamente contradictorio con el grandilocuente principio de la paz social». Y eso porque, siempre según uno de los últimos autos, el negocio «aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas», de modo que comienza a tener explicación el desfase presupuestario, es decir «la concesión de ayudas por encima del límite legalmente establecido para ello». En este sentido la juez considera que la empresa Vitalia «obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica», aunque, hasta, ahora solo se ha acreditado el caso del propio exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.