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Acusan por primera vez a Resistencia Galega de banda terrorista

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 20 años de prisión para Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez, y 12 para sus compañeros Antón Santos y María Osorio

s. e.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa por primera vez de delitos de terrorismo a cuatro presuntos miembros de Resistencia Galega (RG), una banda cuyo objetivo es «lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal».

Así, el Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, mientras que Antón Santos Pérez y María Osorio López se enfrentan a una pena de 12 años . A los acusados, que fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2011 bajo la sospecha de que querían atentar el Día de la Constitución, se les atribuyen los delitos de participación en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista. A estos delitos se suman los de tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega. Según el escrito provisional de acusación, los cuatro formaban parte de Resistencia Galega con el objetivo de subvertir «el orden constitucional» en esta Comunidad autónoma, para lo cual justificaban «el empleo de la violencia contra las personas y los bienes».

Seis kilos de explosivo

Según el escrito, a las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Martínez en la confluencia de la calle Islas Canarias con la Gran Vía de Vigo para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche aunque fue interceptado por la Policía Nacional en el peaje de la autovía AP-9, en la localidad de Teo, perteneciente a Santiago de Compostela. A los otros dos acusados se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización AMI.

En su primer Manifiesto, firmado el 20 de julio de 2005, Resistencia Galega defendía «la resistencia basada en la violencia política» y señalaba que sus objetivos estaban «sujetos a acciones de castigo popular». Según un auto del juez Eloy Velasco, en los últimos años sus activistas han «incrementado de forma notable, tanto cualitativa como cuantitativamente, las acciones violentas» contra los objetivos que ellos consideran «enemigos de la tierra» mediante actos de «sabotaje, vandalismo y daños».