Una ley nacional «antibotellón»

Ante este fenómeno, son muchas las voces que, desde distintos rincones de la geografía española, vienen reclamando una solución. Ayer la Asociación Internacional de Policía (IPA), que es un organismo independiente formado por miembros del servicio policial, en activo o retirados, abogó por una legislación nacional «antibotellón» que delimite las normas y la forma de actuar de la Policía ante los problemas sociales y de salud pública que causa esta costumbre cada vez más extendida entre los jóvenes españoles.

Así se puso de manifiesto ayer en una jornada que bajo el título «Actuación policial frente al botellón y sus consecuencias. Legislación vigente», se celebró en Palencia, organizada por el Ayuntamiento de la capital y la agrupación palentina de la International Police Association (IPA), según informa Efe.

El objetivo de esta jornada, dirigida a asociaciones de vecinos, padres y madres, asistentes sociales y Fuerzas de Seguridad del Estado, era «acercar a la sociedad la actuación policial en el problema del botellón desde un punto de vista operativo y jurídico», según explicó a Efe el delegado de IPA en Palencia, Luis Ángel Espeso.

Para ello se contó con la presencia de expertos como Ángel Cantalapiedra, inspector Jefe del Distrito Tercero de la Policía Municipal de Valladolid y profesor de Criminología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y José Antonio Varela , director de Interior, Emergencias y Protección Civil de Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

También participó José Antonio Alonso , exinspector de la Policía Local de Avilés, intendente de la Policía Local de Gijón y profesor de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias. Alonso destacó, en declaraciones a Efe, la necesidad de una legislación estatal antibotellón que establezca una consideración unánime del problema en todo el territorio y que delimite la actuación policial ante la costumbre de beber gran cantidad de bebidas alcohólicas en la calle.

Además, la legislación estatal «serviría de coartada a los ayuntamientos» ya que actualmente hay comunidades autónomas que han desarrollado una legislación, pero en la mayoría de los casos recae en los ayuntamientos la decisión de prohibir o no el botellón , lo que dificulta el trabajo policial además de la inseguridad jurídica que ocasiona que hay ciudades vecinas con normativas diferentes.

De hecho, según ha destacado Alonso, en los lugares donde existe una normativa prohibiendo el botellón ha sido generalmente la presión vecinal la que «ha tirado de la legislación», de lo que se deduce que el botellón preocupa más como un problema vecinal que como un problema de salud pública.