El rostro dispar de los desahucios

Ante tal despliegue ciudadano, a las 11:40 horas del lunes, la comisión judicial decretó la suspensión del desahucio, pero minutos después agentes de la Policía Nacional se personaban en el inmueble donde todavía permanecían decenas de manifestantes. A las puertas del domicilio de Aurelia se presenciaron escenas de tensión con empujones y caídas. Varias personas colocaron una cadena en la puerta del inmueble y los bomberos, que habían sido requeridos para retirarla, se negaron a hacerlo.

Ya por la tarde, el segundo intento también fue suspendido al entender que la seguridad de las personas allí presentes no estaba garantizada. La Xunta de Galicia ofreció a Aurelia dos viviendas de alquiler social a las que poder trasladarse —en los barrios de Eirís y de Novo Mesoiro—, pero la anciana rechazó ambas posibilidades por su situación, «en las afueras de la ciudad». La alternativa que presentó el Ayuntamiento pasa por el ingreso en una residencia.

Inocencia Lucha continuaba ayer ingresada en la UCI de un hospital de Valencia. Separada, con 47 años, sin trabajo y con tres hijos a su cargo, no pudo soportar la posibilidad de que un banco le ejecutara un tercer desahucio. Desesperada, el lunes se roció con líquido inflamable y se prendió fuego en el interior de una oficina de Caixa Almassora, la caja rural de la localidad castellonense donde su intento de renegociar la hipoteca resultó en vano. A las embestidas de la vida debe sumar ahora quemaduras de segundo y tercer grado en cerca de la mitad de su cuerpo.

El último parte médico establecía que su estado era muy grave. Tanto como la situación económica que atravesaba. Había quedado viuda y posteriormente se separó de su segundo marido. Sufre una discapacidad y durante años se dedicó a la venta de cupones. En la actualidad sus ingresos no superan los 360 euros mensuales. Cuando recibió la carta del banco en la que le advertían de que iba a perder su tercera vivienda, Inocencia no lo pudo soportar.

José Antonio Muñoz es el enésimo español que abandona el anonimato para elevar la voz ante la lacra de los desahucios. En su caso optó por encadenarse en el interior de la sucursal bancaria de Alicante donde tiene firmada una hipoteca por importe de 133.000 euros, de los que debe 110.000, como si de una amarga metáfora sobre su situación económoca se tratara.

«Es preferible encadenarse a la puerta de un banco antes que quitarse la vida», sostuvo después de permanecer media hora amarrado a uno de los pilares de la oficina hasta que intervino la Policía Nacional. En su caso, reclama la condonación de su deuda hipotecaria, que asciende a 110.000 euros, y cuyo impago se ha traducido en una orden de desahucio prevista para la primera semana de marzo.

Este alicantino acudió al banco acompañado de miembros de la Plataforma Stop Desahucios. Cada uno de ellos arrastra una triste historia vital.

José Antonio no tiene trabajo ni ingresos para hacer frente a la deuda. Tampoco percibe subsidio alguno. Pese a ello, no ha encontrado interlocución con su banco y su situación resulta desesperada.

«Durante el segundo año de hipoteca –explicó ayer mientras se soltaba de las cadenas– subió el euríbor y ya no podía pagar las cuotas. Sólo tenía para pagar la hipoteca, y pasaba los meses con cincuenta euros. Hasta que perdí mi trabajo y tuve que dejar de pagar».