Blanco estrena cargo con la privatización de Barajas y El Prat

Según el modelo que propuso el Gobierno, la concesión, que cederá a las compañías privadas una participación mayoritaria, tendrá una vigencia de 15 años, prorrogable por otros cinco, e impondrá dos cánones: uno inicial, que las sociedades deberán abonar al formalizar el contrato, y otro anual en el que se tendrán en cuenta los ingresos del aeropuerto.

Uno de los puntos que despertó los mayores recelos entre las empresas que suenan para hacerse con los contratos fueron los temores a que los gobiernos autonómicos interfiriesen en los órganos de administración de los aeropuertos, que erosionaran la capacidad de control de las concesionarias. En ese sentido, AENA destacó que «el objetivo» del contrato «se orienta a la gestión del aeropuerto», lo que incluye «la explotación, administración, promoción, conservación y mantenimiento» de estas infraestructuras.

El proceso llega en una situación económica turbulenta, que amenaza con dar al traste con los planes del Gobierno. El adelanto electoral podría convertir en papel mojado la autorización dada por el Consejo de Ministros, ya que se necesitan al menos dos meses, excluyendo agosto, para estudiar las ofertas de las compañías interesadas. El Partido Popular ya ha anunciado que no está de acuerdo con el modelo de privatización propuesto por Blanco.