Corbacho llama, en plena crisis, a invertir en planes de pensiones privados

En plena crisis económica, con más de cuatro millones de parados, de los cuales un millón no reciben subsidio alguno, Corbacho declaró ayer por la mañana en Telemadrid que «es bueno tener un plan de pensiones privado. Yo tengo uno. Pero no porque vaya a haber problemas, sino porque hay topes, hay una merma en el salario, y un plan de pensiones privado puede complementar». Precisamente, distintas voces del Ejecutivo socialista han repetido en las últimas semanas, con motivo de la propuesta para reformar las pensiones, que el sistema público está y estará saneado en, por lo menos, los próximos veinte años. Además, el Fondo de Reserva suma 62.000 millones, a pesar de que el Gobierno aún debe realizar más aportaciones.

Sin embargo, el propio ministro de Trabajo tuvo que matizar por la tarde sus declaraciones de por la mañana e insistió en que ningún plan privado de pensiones puede sustituir «nunca jamás» a uno público.Corbacho explicó que el sistema es público y «debe seguir siéndolo», y su apuesta es que continúe funcionando «con la misma sostenibilidad» y la misma garantía que tiene ahora. La repercusión de las palabras del ministro de Trabajo obligó al portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, a intentar restar importancia a su declaración manifestando que, en el fondo, era una «obviedad».

Supresión de incentivos

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer al Gobierno que «deje de generar alarma» en un asunto tan «delicado». Sáenz de Santamaría dijo que con esas palabras el titular de Trabajo «recuerda a los peores tiempos» del ex vicepresidente Pedro Solbes y contribuye a crear «más incertidumbre». Eso sí, la portavoz popular reconoció que ella, como otros diez millones de españoles, tiene un plan de pensiones, y centró su crítica en la falta de coherencia política del Gobierno.

Recordó que Rodríguez Zapatero suprimió en la pasada legislatura los incentivos al rescate de los planes de pensiones, unos incentivos que el PP ha propuesto recuperar en su alternativa para hacer frente a la crisis. Como recordó Saénz de Santamaría, fue precisamente un ministro socialista, Pedro Solbes, quien en el último Gobierno de Felipe González, en 1995, aconsejó a los ciudadanos hacerse un plan de pensiones privado porque las pensiones públicas sólo estaban garantizadas para unos cuantos años.

Estas advertencias fueron muy criticadas, pero también llevaron a los partidos políticos a tomar conciencia de la situación y a poner en marcha el Pacto de Toledo, que permitió ya con el Gobierno de Aznar crear el fondo de reserva de las pensiones, aumentar los años para calcular la prestación o introducir nuevos incentivos fiscales al cobro y el rescate de planes privados.

En nuestro país había, al acabar 2009, casi 84.800 millones de euros invertidos en planes de pensiones privados a través de 10.743.788 partícipes. De éstos, 8,73 millones son individuales y 1,92 corresponden a sistemas de empleo, según Inverco, la asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones (ver gráfico a la izquierda).

Ampliar la base de cálculo

Por otra parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, defendió ayer en el Fórum Europa que es mejor mantener la política de aplazamientos de las cuotas a las empresas con dificultades que aplicar una rebaja generalizada de los tipos. No obstante, abrió la puerta a la posibilidad de estudiar rebajas «selectivas» de los tipos de cotización de las empresas a la Seguridad Social, informa Servimedia. También dijo que que hay que buscar una fórmula que sea asumida por todos los agentes del Pacto de Toledo para que las pensiones sean lo más «correspondientes y razonables» con las aportaciones que se hacen al sistema. Explicó que la mayor correspondencia mejorará las pensiones de los despedidos al final de su vida laboral.

Si un ciudadano debe cotizar 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tiene derecho, a los diputados les basta con acumular más de 11 años de ejercicio para obtener la pensión máxima. Así, si su mandato es de 7 a 9 años, tienen derecho al 80%; y si es de entre 9 y 11 años, le corresponde el 90%.

Es decir, que mientras la pensión de cualquier trabajador se determina según su cotización a la Seguridad Social durante los 15 últimos años de vida laboral, sin que se tengan en cuenta periodos anteriores, los diputados y senadores tienen garantizada la pensión máxima (2.466,20 euros al mes) con once años de actividad.