Competencia no cobra ni una multa desde su creación

Entre los dos últimos años y los ejercicios de 2013 y 2011, acumulan el mayor número de multas históricas superiores a los 20 millones de euros. De hecho, este 2016 se impuso la segunda mayor multa de la historia a un grupo de empresas fabricantes de pañales para adultos por formar un cártel y a cordar precios un 40% superiores a lo estimado en caso de competencia perfecta. En concreto, la CNMC consideró que las empresas, entre las que se encuentra Arbora & Ausonia, y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria fijaron los precios de venta a los distribuidores desde 1996 hasta enero de 2014.

Aunque este año será más benévolo en términos de intervenciones del mercado, el organimsmo también destapó un cártel de empresas cementeras y hormigoneras e impuso una sanción por valor de 29 millones de euros con motivo del «intercambio de información comercial sensible, reparto del mercado y acuerdo de precios entre los años 1999 y 2014». La tercera cuantía más importante de 2016 es la impuesta con 6,4 millones de euros a ocho compañías turroneras que intercambiaron información estratégica sobre precios y clientes.

Aún así, ninguna de ellas supera la impuesta el pasado año 2015 con un total de 171 millones de euros a veintiuna empresas de distribución y comercialización de vehículos por el intercambio sistemático de información confidencial. Este podium de multas históricas lo cierra la impuesta en 2009 por la antigua CNC a un grupo de empresas aseguradoras con 120 millones de euros por operar en coalición. Además, destacan los importes cargados a las teleoperadoras Movistar, Vodafone y Orange en 2012 por abuso de posición dominante y a 43 empresas del sector de la gestión de residuos por valor de 98 millones de euros al acordar un reparto de los clientes y de las licitaciones públicas.

El pasado mes de mayo supuso un giro en la política sancionadora de la comisión de competencia. Por primera vez multó a cuatro directivos participantes del «cártel de los pañales» con 29.000 euros entre los que destaca , multado con 15.000 euros. El organismo sancionó poco después con 65.550 euros a nueve directivos de las empresas Amurrio Ferrocarril y Equipos, Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Alegría y Duro Felguera Rail que habían participado en un cártel que acordó precios y condiciones comerciales durante 15 años para el suministro de desvíos ferroviarios en las subastas convocadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esto se entiende como un aviso para los empresarios que tratan de esquivar las multas parapetados tras la marca comercial de la compañía y que desde entonces son también responsables de las infracciones cometidas.

Desde enero de 2015, dos sentencias del Tribunal Supremo sentaron jurisprudencia sobre cómo debía ser calculado el importe de las sanciones. La cuantía de la multa se calcula en función del volumen de negocio que registra la empresa sancionada en el ejercicio anterior. Pero antes de las sentencias del TS, se calculaba en función del volumen de negocio de la empresa en el sector afectado y desde entonces se realiza en relación al volumen de negocio total. Con esta fórmula, la multa se encarece para las sociedades multinegocio, como los grandes almacenes, ya que no afecta solo al negocio de un producto sino al total de facturación. No obstante, desde la institución aseguran que en la mayoría de veces las empresas son monoproducto , por lo que la jurisprudencia no conlleva encarecimiento de la multa.

Desde el organismo regulador informan de que el 80% de los expedientes resueltos con sanción se terminan cobrando. De esta forma, la CNMC debería ingresar una cantidad cercana a los 728 millones de euros correspondientes a las sanciones impuestas por valor de 911 millones desde 2013. No obstante, fuentes de la Comisión de Competencia, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, explican que «no se cuenta con un listado de las multas ingresadas» porque desde su creación no se han resuelto las alegaciones y recursos que presentan las empresas, por lo que aún no se ha percibido ningún dinero de las multas interpuestas.

Desde la CNMC explican que existe una «anacronía judicial» ya que la ley permite el recurso de la sanción ante varias instancias. Así, desde que se incoa un expediente sancionador a una empresa por alguna práctica irregular hasta que se resuelve en la CNMC transcurren 18 meses. Pero cuando esto se notifica a los directivos de la compañía, automáticamente, recurren ante los juzgados la decisión: primero ante la Audiencia Nacional y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Este proceso puede durar entre 8 y 10 años hasta que se hace efctivo el ingreso de la multa. «Los consejeros de las empresas recurren las multas automáticamente», muestra del afán dilatorio de los empresarios a la hora de abonar la sanción. Ello se une a la complicación que supone el tener que juzgar por separado los recursos de cada una de las empresas que integran el cártel. No obstante, esto no supone una huida hacia adelante ya que la Audiencia Nacional suele exigir un aval a las empresas que recurren las multas de competencia.

Los próximos días 4, 5 y 6 de octubre se celebra un Congreso Internacional de Competencia en Madrid. El objetivo del encuentro es poner en común «buenas prácticas» para combatir los cárteles a nivel internacional y de forma coordinada. Está previsto que asistan 150 representantes de 60 autoridades competentes, entre las que se encuentran miembros de la OCDE y de la Comisión Europea.