La banca española, en manos de Draghi

Ésta es una de las 32 condiciones que ha impuesto Europa al Gobierno español para recibir la ayuda financiera para la banca española. Y es que el préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a las entidades financieras lleva aparejado una serie de condicionantes muy estrictos para la economía del país y desgrana un completo y riguroso calendario a seguir por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Son, eso sí, 32 condiciones para el sistema financiero y alguna más, en paralelo, para la política fiscal. Esto es, para el conjunto de la economía española. Hasta 32 condiciones en 20 páginas plagadas de exigencias que cambiarán de arriba abajo el mapa bancario español y, por extensión, parte de la política económica de los próximos años, empezando por una nueva tanda de recortes que el Gobierno ha puesto ya en marcha y por una fiscalización constante de la troika —los hombres de negro de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, que visitarán Madrid constantemente. Cada tres meses para ser más exactos.

Todo está recogido en el memorando de entendimiento (o «MOU», por sus siglas en ingles de Memorandum of Understanding), el contrato que firmará España el próximo 20 de julio para poder acceder a la ayuda financiera y respaldar a la banca. Según los tiempos estipulados en el «MOU» (ver calendario en el gráfico adjunto) el proceso comienza con la identificación de las necesidades precisas de capital de cada una de las entidades financieras, fija condiciones tanto para el sector financiero como para el conjunto del país y está sometido a un control exhaustivo por parte de las autoridades europeas.

Pero si hay algo que realmente llama la atención tras desgranar punto por punto las 20 páginas que comprenden el memorando es el total y exhaustivo control del conjunto del sector financiero español, incluido el Banco de España. Éste, con su recién nombrado gobernador, Luis María Linde a la cabeza, queda de facto bajo la tutela del organismo supervisor europeo. En definitiva, de Draghi.

En concreto, el Ejecutivo comunitario exige, literalmente, lo siguiente: «Las autoridades españolas transferirán los poderes de sanción y concesión de licencia bancaria del Ministerio de Economía al Banco de España». O lo que es lo mismo: el Ministerio de Economía y Competitividad, y por ende Luis de Guindos, pierde competencias en favor del Banco de España, y por extensión Linde, pero que a su vez estará tutelado por el BCE, esto es, Draghi. Todo pues queda, en última instancia, en manos del italiano.

Así, el titular de Economía devuelve al regulador español parte de las competencias que le había restado con la aplicación de sus dos decretos financieros en los que se reservaba funciones propias del gobernador. Por ejemplo, en el primer decreto Guindos — el Real Decreto-ley 2/2012 de 3 de febrero—, no se dejaba ni un solo cabo suelto por atar en lo que concernía a la aplicación del mismo. Y se dejaba por escrito. De hecho, Guindos ponía fin a los decretos en los que «se habilita» al Banco de España a aprobar o explicar cualquier cuestión respecto al contenido de la nueva norma. Además, se reservaba el poder de veto en lo concerniente a los sueldos de los banqueros que decidieran hacer uso de dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Ahora, la situación vuelve a cambiar. Y Guindos, podrá volver a respirar más tranquilo al soltar lastre de responsabilidad.

Un lastre que será aún menor en el sentido de que se había reservado igualmente la última palabra en lo que se refería a las fusiones bancarias, con ocasión de la aprobación de su segundo real decreto financiero, de marzo pasado. El dar el «ok» o no a la unión o integración entre entidades financieras, tras escrutar los planes para llevarlas a buen término. Ahora, la última palabra la tendrá la troika. Pero, sobre todo, el Banco Central Europeo.

La Unión Europea da así la razón al Gobierno español, que, en su momento, había acusado al Banco de España de estar literalmente bajo el yugo de los políticos. El memorando lo incluye también: a partir de ahora el Ministerio de Economía no podrá interferir en la labor del Banco de España. El documento exige al Ejecutivo garantías de que no interferirá en las actuaciones de la institución española. Según reza el «MOU», con el objetivo de «reforzar la independencia operativa del Banco de España» antes del 31 de diciembre de 2012. Además, antes de octubre de 2012 deberá emitir una serie de guías vinculantes para «dotar de más poder» a la institución dirigida por Linde.

Ese refuerzo de la independencia se extenderá también al FROB que, a partir del 1 de enero de 2013, deberá expulsar de su seno a sus miembros banqueros en activo para evitar lo que Bruselas describe como «potenciales conflictos de intereses».

Luis María Linde pues tendrá que acoplarse en tiempo récord al nuevo papel que le han otorgado vía «MOU» en el supervisor bancario español. Para empezar, el «nuevo» Banco de España deberá «proveer información de manera regular sobre la situación de liquidez de los bancos» a la Comisión Europea, al BCE y al FMI. ¿Por qué? Porque por ahora, y hasta que la inyección de liquidez sea directa a los bancos, se hará a través del FROB, por tanto, a través del Estado. Un extremo que, en Bruselas, preocupa. De ahí, el control del buen uso de ese dinero. Ahora bien, en cuanto el BCE asuma un rol de superregulador a nivel europeo el dinero se traspasará a las entidades de manera directa desde el fondo de rescate permanente (el conocido como MEDE). Entonces, las competencias que asuma Fráncfort serán todavía mayores dejando al Banco de España en un segundo plano.

Respecto a la gobernanza de las cajas, el memorando europeo también impone sus obligaciones. El Ejecutivo español tendrá que acometer en noviembre «medidas para reforzar el gobierno corporativo de las cajas» e introducir requisitos de «incompatibilidad» que impidan a los gestores de cajas tener puestos de responsabilidad en los bancos controlados por estas entidades.

Y es que en Europa es un secreto a voces que no gusta que las cajas sean accionistas mayoritarias —o de control— de bancos. Pero el memorando va más allá, y no solo lo censura, sino que emplaza al Gobierno español a que haga algo al respecto. «Preparar la legislación para que clarifique el rol de las cajas de ahorros en su capacidad como accionistas de instituciones de crédito con la vista puesta en la reducción de su nivel de control» en los bancos. Y lo quiere para ya, para el próximo mes de noviembre. Una iniciativa que, de realizarse en dicho tiempo, afectará de lleno a La Caixa, Liberbank o BMN.

Entre las condiciones más originales del famoso «MOU» que el propio Banco de España tenga que revisarse a sí mismo su propio trabajo. Así, según Bruselas, la institución española dispondrá de más poderes de inspección a cambio de que haga una «revisión interna de sus procesos de información y decisión». El objetivo:«que gane velocidad para garantizar que se dan las respuestas políticas adecuadas».

El documento europeo permitirá también al regulador exigir a la banca que cada semana le informe sobre varios puntos: volumen de depósitos bancarios yposiciones y previsiones de liquidez. De igual modo, el supervisor español deberá exigir a los bancos y presentar a Bruselas cada trimestre una actualización de la evolución bancaria con los siguientes datos: información financiera y regulatoria sobre los balances, la calidad de los activos y las previsiones de cada entidad;evolución de los créditos bancarios y préstamos fallidos; calidad de los activos de cada banco;cantidad de la deuda soberana que cada entidad tiene en sus balances; y, deuda pendiente de recobro.

El «MOU» concluye que estos requisitos de información no excluyen la posibilidad de que se soliciten más datos y, en paralelo, técnicos de Bruselas vigilarán el cumplimiento de reformas para paliar el déficit excesivo y los desequilibrios macroeconómicos. Dicen en Bruselas que con el «experimento» español se sientan las bases para la unión bancaria y fiscal de la UE, que conllevará el cese de una mayor soberanía nacional.