El Gobierno devolverá en dos partes el año que viene el 50% restante de la extra

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que autoriza un crédito para abonar la segunda cuarta parte de dicha extra y ha habilitado a las administraciones públicas para que también lo hagan en función de su disponibilidad presupuestaria.

Montoro ha dicho que el Real Decreto aprobado también restituye los días de libre disposición que fueron anulados, por lo que los funcionarios recuperan el último "moscoso" de los dos que faltaban por devolver y que podrán disfrutar hasta el próximo 31 de enero.

El ministro ha puntualizado que el 50% pendiente está incluido en los Presupuestos de 2016, que "entran en vigor el 1 de enero" pero que no hay "establecido" un calendario sobre el pago , aunque ha recalcado que lo importante es que los funcionarios tengan "la tranquilidad" de que percibirán el resto de la paga pendiente "en función de la disponibilidad presupuestaria".

Montoro ha explicado que el Gobierno está cumpliendo con los funcionarios igual que "ellos han cumplido" con su tarea con "eficacia" para contribuir al escenario de recuperación económica. En esta línea, Montoro ha rechazado que sea "un regalo electoral". "El regalo electoral es estar creciendo económicamente", ha puntualizado el ministro de Hacienda.

Ha asegurado que en el "peor momento" de 2012 no sólo estaba en peligro la paga extraordinaria , sino "hasta los sueldos" en muchas administraciones públicas , y ha defendido que hoy España está en una situación "totalmente contraria".

Por otro lado, el ministro ha destacado que con este real decreto se reponen los días de libre disposición y vacaciones que tenían los funcionarios antes de 2012. Así, ha afirmado que se repone el último de los días de libre disposición que faltaba, de manera que los funcionarios tendrán seis días , así como los permisos por asuntos propios en función de los trienios y las vacaciones que se tienen derecho por antigüedad.

Montoro ha dicho que el contenido del Real Decreto afectará a la Administración General del Estado, pero también se dará disponibilidad al resto de administraciones territoriales para que puedan llevarla a cabo.