El TAD expedienta al presidente de la federación cántabra de fútbol

El presunto «favorecimiento» a la federación de Cantabria figura en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la denominada Operación Soule, que reproduce conversaciones telefónicas de Peláez con Villar y con otros directivos de la RFEF sobre ese aspecto, motivo por el que el TAD abrió sendos expedientes, confirmaron a EFE fuentes próximas al mismo.

El auto del juez afirma que «Peláez habría conseguido parcialmente la financiación que necesita» y que « el apoyo del presidente de la Federación Cántabra hacia Villar , para favorecer su reelección, ha estado motivado o ha sido premiado, además de con su renovación en la Comisión Delegada de la RFEF, con la concesión de un pago de dinero a la citada federación territorial, aún cuando existían dudas en algunos gestores del patrimonio de la RFEF sobre la conveniencia de éste».

El auto del pasado 20 de julio reproduce llamadas como la que Peláez hizo a Villar el 5 de mayo, antes de las elecciones del día 22 de ese mes, en la que le recuerda el asunto de su financiación para un campo de fútbol y le dice que la cantidad «eran trescientos cuarenta y algo», de los que «se han pagado sesenta y siete».

Según las escuchas practicadas en la instrucción del caso, días antes de su reelección el 22 de mayo, Villar pidió al entonces tesorero de la RFEF, Juan Luis Larrea, que le mirara «lo de la cántabra» y transcurrida una semana éste informó al presidente de que «uno de los campos de fútbol para los que la federación de Cantabria» necesitaba los fondos no iba «a ser homologado por sus características».

Larrea también comunicó a Villar que dicho campo no era propiedad de la federación cántabra y que el uso era limitado a unos horarios, además de que toda la financiación «es soportada por la RFEF» .

Villar, que estaba suspendido temporalmente durante un año por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) desde el pasado 25 de julio por su presunta implicación en la Operación Soule , fue destituido por el TAD hace cuatro días por incumplir el principio de neutralidad en las últimas elecciones, al haber hecho campaña como candidato cuando era presidente de la Comisión Gestora, algo que impide la normativa. La destitución de Villar debe hacer ahora que la junta directiva de la RFEF se constituya en Junta Gestora y convoque de nuevo elecciones, con la actual asamblea, que debe renovar las plazas vacantes en una votación fijada inicialmente para el 29 de enero. No obstante, el TAD ya entendió antes que debía repetirse todo el proceso electoral, por posibles irregularidades en el mismo, pero pidió un dictamen al Consejo de Estado que aún no se ha pronunciado.

Al margen de la destitución de Villar y del expediente abierto a Peláez, que el 23 de noviembre fue nombrado presidente de la Comisión de Tercera División de la RFEF, el TAD también expedientó en su última reunión a José María Castillón por la posible financiación irregular de los campos de Cantabria.

Castillón ocupó el cargo de administrador general de la RFEF desde 1981 hasta el pasado 4 de abril, fecha en fue despedido.

La RFEF le imputó para su despido la detracción de 110.704,80 euros de la subvención que el Consejo Superior de Deportes (CSD) -por un importe de 1.111.795,20€- había transferido a la Fundación de la RFEF en 2010, para compensar un saldo a favor de ésta sin explicación ni justificación.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha negado haber recibido los escritos del Consejo Superior de Deportes (CSD) que han llevado a que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abra un expediente y anuncia que iniciará el día 10 una huelga frente a este organismo ante su «abuso».

En declaraciones a Efe, Peláez ha adelantado que el día 10 acudirá al CSD para entregar la documentación que aclara que la Federación Cántabra de Fútbol no recibió "nunca" los escritos de este organismo sobre la financiación del campo de fútbol de Tanos y ha asegurado que tras registrar esos documentos, iniciará una huelga en las puertas del Consejo por su « abuso y mala utilización del derecho ».