El juez ordena investigar las cuentas de Aguas de Alcázar

Esta decisión, según explicó en un comunicado UCIN- Ciudadanos por Alcázar, se ha producido después de que el perito judicial nombrado por el Juzgado haya emitido un informe en el que se han analizado 13 expedientes de obras y que concluye que el importe total estimado de sobrefacturaciones asciende a 1.392.848 euros más IVA.

Entre las obras con sobrefacturaciones se encuentran la ampliación del Polígono Alces, la carretera CM 400 (donde se ubicó la escultura homenaje a Pablo Iglesias), o el proyecto de alumbrado del Paseo del Parque.

UCIN explicó que ante ese informe pericial la juez ha dictado providencia en la que, además, ordena expresamente que se averigüe el patrimonio de los imputados José Fernando Sánchez-Bódalo, Benito Montiel (concejal del Ciclo Hidráulico, vicepresidente de Aguas y director general de Industria) y Francisco Javier Azaña (gerente de Aguas), relativa a los ejercicios 2005 a 2011, ambos inclusive.

En la misma providencia, la juez, mediante oficio, requiere a la empresa Aguas de Alcázar y al Ayuntamiento para que envíe los extractos de todas las cuentas bancarias en el periodo 2005 a 2011, y ordena a la Consejería de Obras Públicas de la Junta que informe respecto de los importes que otorgó al Ayuntamiento mediante un convenio en materia de obras hidráulicas como consecuencia de las inundaciones de finales de mayo de 2007.

Además de estas tres personas, también hay dos técnicos municipales por presuntas certificaciones falsas, según indicó a Efe el concejal de CXA responsable de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Mariano Ormeño. Para CxA por Alcázar, esta actuación judicial permitirá sacar a la luz pública «la posible corrupción instrumentada por Sánchez-Bódalo y que provocó no solo la quiebra de la empresa pública, sino de innumerables irregularidades que van desde la prevaricación administrativa, hasta la malversación de fondos públicos».