El TSJC critica que las instituciones den crédito a «Ciutat Morta» sin saber del caso

La sala de gobierno lamenta en su acuerdo las «descalificaciones gratuitas que se han hecho de la juez de instrucción, el tribunal sentenciador y el Tribunal Supremo (TS)» y subraya que la investigación y el acto del juicio oral «se realizaron con estricta observación de los derechos constitucionales y legales de los acusados, especialmente el de defensa».

En ese sentido, el TSJC considera que «no es aceptable, y mucho menos si proviene de instituciones, que se dé credibilidad a un documento audiovisual o a las declaraciones de personas interesadas sin que ni siquiera se hayan examinado las resoluciones judiciales surgidas de un proceso que cumplió con todas las garantías exigibles».

De esa forma, el escrito del TSJC hace una velada referencia a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlament de dirigirse a la Fiscalía, tras la emisión del documental en la televisión pública, para pedirle que reabra la investigación del 4F.

En opinión de la sala de gobierno del TSJC, el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzgó el caso «cumplió rigurosamente los estándares constitucionales exigidos para el vencimiento del derecho a la presunción de inocencia de los acusados, sin perjuicio de la libertad de crítica que pueda realizarse».

El alto tribunal catalán mantiene también que las denuncias por maltratos contra la policía que presentaron cuatro de los condenados por el caso «fueron objeto de una investigación suficiente y adecuada que contó con la participación, como parte acusadora, de los querellantes».

Para el TSJC, en las denuncias por torturas se practicaron «las diligencias de instrucción que se estimaban oportunas, incluidas las solicitadas por la acusación particular» y fueron archivadas tras una investigación judicial que dio pie a hasta 900 folios de sumario.

En relación con la participación de Patricia Heras, la joven condenada por el 4F que se suicidó en un permiso penitenciario, el acuerdo de la Sala de Gobierno recuerda que la sentencia «da una amplia respuesta» a la tesis de su defensa y que fue identificada como integrante del grupo agresor por su «particularísima estética capilar», con media cabeza con el pelo cortado simulando cuadros de ajedrez.