Fiscalía se querella contra Ildefonso Falcones por defraudar 1,4 millones

En un escrito, el fiscal del servicio de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona Pedro Castro acusa a Ildefonso Falcones (Barcelona, 1959), a su esposa y a su hermano de tres delitos contra la Hacienda Pública por «idear y ejecutar» un sistema que les permitió defraudar 757.692 euros en 2009, 464.800 euros en 2010 y de 254.507 euros en 2011.

La Fiscalía sospecha que Falcones se sirvió de este entramado para ocultar parte de los beneficios que le reportaban sus obras, ya que entre 2009 y 2011 sus rendimientos netos por la explotación de sus obras se elevaron a 4.397.633 euros, si bien tan sólo declaró 375.650 euros.

Según el ministerio público, durante estos tres ejercicios los ingresos económicos del matrimonio estuvieron constituidos «en su mayor parte» por los rendimientos de la explotación de los derechos de autor de Ildefonso Falcones, sobre sus obras «La Catedral del Mar», «La Mano de Fátima» y «La Reina Descalza», tanto por las ediciones españolas como por las extranjeras.

Para evitar el «pago debido» de sus obligaciones tributarias por sus ingresos económicos, la Fiscalía considera que el matrimonio ideó y ejecutó un sistema por el que transmitió los derechos de autor de las obras de Falcones a entidades no residentes en España.

En su escrito, el fiscal detalla que, a partir de los datos de la editorial Random House -en su calidad de firma editorial respecto a las obras en castellano y catalán de Falcones y de agente literario sobre las traducciones a lenguas extranjeras-, el rendimiento neto de la explotación de la obra literaria del autor es mucho mayor que la declarada: 4.397.633 euros frente a 375.650.

De esta forma, el rendimiento neto por la explotación de su obra literaria en 2009 fue de 2.355.427 euros, frente a los 162.878 declarados; en 2010 el rendimiento fue de 1.415.348 euros y sólo declararon 146.107; mientras que en 2011 los rendimientos netos alcanzaron los 626.858 euros aunque sólo declararon 66.665, según los datos que esgrime el ministerio público.

En su escrito, el fiscal pide que el juez de instrucción al que por reparto le corresponda la querella que la admita a trámite, que cite como imputados a los tres querellados y que se les exijan fianzas o, en su defecto, se le embarguen bienes en cantidad suficiente para cubrir por entero el pago de las cuotas supuestamente defraudadas, que sitúa en 1.476.999 euros.