El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible «abandona la descarbonización del transporte»

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a este proyecto para que iniciara su trámite parlamentario. «En marzo de 2022, vimos el borrador del anteproyecto y han desaparecido cosas importantes como, por ejemplo, ya no se habla de financiación al transporte público y no sabemos el porqué», explica Carlos Bravo, miembro de Transport&Environment. No es la única ausencia que echan en falta este grupo de organizaciones: «No hay ningún objetivo de descarbonización», advierte Bravo.

En numerosas intervenciones, la titular del departamento de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que esta futura ley está encaminada a «promover un sistema de transportes más eficiente y sostenible y, por ello, es vital para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire». Sin embargo, «no se dice nada de las emisiones», recuerda Bravo. «No se puede aprobar la ley tal cual está, porque no se avanza en la descarbonización del transporte», apostilla

Este sector es el responsable de casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que España emite a la atmósfera. Por ello, el Ejecutivo de Sánchez planteó esta normativa para tratar de frenar la contaminación procedente de la movilidad asentándose en varios pilares para «reorientar la movilidad hacia modos de transporte más sostenibles, que permitan a su vez proteger la salud, el medioambiente, el clima, el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía», establece el Gobierno en la exposición de motivos en el proyecto de ley.

«Es una sorpresa muy frustrante», señala Carmen Duce, Coordinadora Campaña Clean Cities en España de Ecologistas en Acción. La falta de objetivos de descarbonización no es el único pero de estas organizaciones al gobierno de coalición. «Hemos presentado 64 enmiendas que esperamos que se incluyan en el trámite parlamentario», aseguran. Entre ellas, recuerdan, que el texto normativo «se centra en la ciudad y olvida el ámbito rural», apunta Duce. En ese sentido, las organizaciones plantean que la ley establezca la obligación de aprobar un plan nacional para el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en pequeños y medianos municipios, y se abra la puerta a impulsar la movilidad compartida o el transporte a demanda en localidades de baja densidad de población.

Otro de los puntos más destacados y «olvidados», según las catorce asociaciones, es el ferrocarril. «Se sigue planteando la eliminación de vías ferroviarias a diferencia que ocurre en Europa», explican. En su lugar, «debería proponerse las condiciones mínimas de prestación de servicio que permitieran una adecuada atención a las poblaciones afectadas, contemplando otras alternativas destinadas al mantenimiento del servicio ferroviario», advierten.

Entre sus reclamaciones, incluyen que se deje de fomentar los combustibles fósiles, «hay una petición expresa al gas natural en los barcos y no puede ser», denuncia Bravo. Además, advierten de una falta de compromiso y ambición con la financiación del transporte público ni tampoco se «introduce ninguna medida concreta de transición justa».

Estas organizaciones critican que el Gobierno no haya querido hacer un debate amplio sobre el contenido de un proyecto de ley de tan gran relevancia para la sociedad. «Hemos hablado con diez grupos parlamentarios y están de acuerdo que la ley es vaga e incoherente», destaca Bravo. Por el momento, el proyecto tiene que pasar por la Comisión de Transporte y «luego se debatirá en pleno y esperamos que se incorporen enmiendas», señalan. Aunque, «todavía no hay fecha para el debate ni la votación», añaden.