Derecho a reparar, el gran reto pendiente del consumo

Fue en 2019 cuando la Comisión Europea decidió tomar algunas medidas relacionadas con los dispositivos electrónicos en su estrategia de economía circular. Bajo el paraguas del Pacto Verde Europeo , la Comisión ya anunciaba que plantearía una serie de medidas para la producción y distribución de estos dispositivos, animando a la venta de productos reusables, duraderos y reparables. Incluso se hablaba de introducir el 'derecho a la reparación', como una medida para luchar contra la obsolescencia de los dispositivos electrónicos.

En España, desde el año pasado el Ministerio de Consumo trabaja en un Índice de Reparabilidad con el que se clasificará a los productos eléctricos o electrónicos. La iniciativa consiste en la creación de un sello que acompañará al producto en su embalaje y que mostrará, de manera sencilla y visual, en qué grado es posible o no la reparación del aparato que se quiere comprar.

Cada baremo tendrá un máximo de veinte puntos. Este índice se calcularía sumando todos los puntos y dividiendo el resultado entre diez. En el cálculo sumaría la disponibilidad de piezas de repuesto, además de la relación entre el precio de las piezas de repuesto y del producto original. En muchos casos, los fabricantes dan facilidades de reparación pero el precio de la misma puede ser igual o superior a productos nuevos de similares características en el mercado.

Serán los propios fabricantes o importadores quienes calculen el índice de los aparatos eléctricos o electrónicos que comercialicen, de acuerdo con los parámetros establecidos. Las autoridades de Consumo y de Vigilancia de Mercado serán quienes supervisen que el etiquetado es correcto.

Se pretende así que los consumidores puedan tener más información a la hora de decidir su compra. Este sello estará compuesto por un etiquetado gráfico compuesto por las palabras 'índice de reparabilidad' y un pictograma que indica la puntuación del índice y una puntuación entre 0 y 10 puntos.

Este etiquetado incluirá información especifica sobre los componentes críticos que pueda contener un producto y sus garantías en la utilización de productos reutilizados.

Francia es el primer país de la UE que lo aplica. El año pasado, con motivo del Día Mundial del Consumidor que se celebra el 15 de marzo, España anunció que se estaba trabajando en ese 'sello' especial, pero aún no se ha dado ninguna fecha oficial al respecto de su puesta en marcha.

Hasta que este distintivo sea una realidad, lo cierto es que reparar un producto no es siempre un camino de rosas. Quien más y quien menos, cualquier consumidor se ha encontrado alguna vez con obstáculos a la hora de poder reparar un producto: bien porque el modelo está ya descatalogado, porque no haya piezas de sustitución, bien porque las explicaciones que se aportan son demasiado técnicas y complejas como para que el usuario pueda decidir si merece la pena esta reparación o no… o simplemente porque el precio a pagar es demasiado alto o no hay alternativas de que el dispositivo pueda ser reparado salvo en la casa oficial.

Esto, además, es algo que pasa en todo el mundo. Un reciente informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, donde cada vez cobran más fuerza los movimientos de derecho a reparar, ha concluido que los fabricantes de cualquier producto (bien sean teléfonos inteligentes o coches) están poniendo trabas a la reparación de sus productos, haciendo que sea más difícil y costosa de lo necesario.

En su estudio, 'Nixing the Fix' , el citado organismo asegura que las reparaciones suelen exigir herramientas especializadas, piezas difíciles de obtener y 'software' de diagnóstico patentado, lo que puede perjudicar a los consumidores y a las empresas de reparación independientes. «Los consumidores cuyos productos se rompen tienen opciones limitadas» sobre dónde repararlos, manifiesta.

La Fundación Cotec, cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, cree que el llamado 'derecho a reparar' de los consumidores debería estar basado en 10 principios.

Entre ellos destacan que en las licitaciones públicas de contratos se incorporen criterios de reutilización y circularidad, la creación de un pasaporte electrónico que especifique la trazabilidad del producto (origen, composición, posibilidades de reparación y desmontaje y gestión al final de su ciclo de vida) y, junto a este, un etiquetaje único sobre la reparabilidad, una idea en línea con la que pretende implantar Consumo.

También reclama nuevas iniciativas de empleo verde enfocadas a la reutilización y reparación en territorios rurales, con el objetivo de favorecer la permanencia de la población en zonas rurales mediante la creación de nuevas oportunidades empresariales de carácter circular, especialmente primando iniciativas de reparación y reutilización.

Finalmente, subrayan desde la citada fundación que este 'derecho a reparar' es una obligación por parte del fabricante de los dispositivos, por lo que reclama incluso que la legislación contemple que este garantice que su producto ha sido diseñado para que pueda ser reparado.