Carlos Pascual, el reo eternoPascual, el condenado perpetuo

En 2007, Carlos Pascual se convertía en el primer cargo público en ingresar en prisión por un delito contra el medio ambiente en España. En una época en la que en la provincia de Alicante no resultaba habitual ver desfilar a los políticos por los juzgados, el exalcalde de Pego sentaba también un precedente que no tardaría en seguir el oriolano Luis Fernando Cartagena, en su caso por quedarse con el dinero donado al Ayuntamiento por una congregación religiosa.

Pascual había sido condenado en 2004 por desecar parte del parque natural de la Marjal de Pego-Oliva, construir diques y asfaltar caminos para recuperar el cultivo del arroz, que aunque en ese momento prácticamente había desaparecido, se desarrollaba en la zona desde el siglo XVII. En una entrevista concedida a ABC tras conocer la sentencia condenatoria, en 2004, el ya exalcalde -había perdido las elecciones de 2003, tras dos legislaturas al frente del Consistorio- aseguraba que «mi único delito ha sido hacer arroz para mi pueblo».

En prisión desde mayo de 2007 (primero en Picassent y ahora en Villena), Carlos Pascual sigue convencido de su inocencia, y explica a todos aquellos que quieran escucharlo que cumple condena por «motivos políticos». Pero lo cierto es que, desde que ingresó en el centro penitenciario de Valencia hace cinco años (para cumplir una condena de seis), la vida del exalcalde pegolino se ha convertido en un ir y venir de la cárcel a los juzgados por los más diversos motivos. Todos ellos, eso sí, relacionados con su peculiar manera de ejercer como alcalde de la localidad de la Marina Alta.

En realidad, no se puede decir que Carlos Pascual sea -o más bien, haya sido- un político al uso. Herrero de profesión, llegó a la Alcaldía en 1995 bajo las siglas de Unión Valenciana. Cuatro años más tarde, cuando ya había dejado sobradas muestras de su forma de ejercer la política, se presentó con Iniciativa Independiente, y volvió a ganar. Las urnas lo mandaron a la oposición, y de vuelta a la herrería, en 2003. Para entonces, ya tenía varias cuentas pendientes con la Justicia. Muchas de las cuales aún no ha empezado a pagar.

En 2004, Carlos Pascual era condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Alicante, por un delito contra el medio ambiente perpetrado en el parque natural de La Marjal. A la desecación del paraje se sumaba la agresión a su entonces director, Vicente Urios. Tras su recurso al Supremo, el Alto Tribunal ratificaba la condena en 2006, y el exalcalde de Pego ingresaba en prisión una mañana de mayo de 2007.

Dos años más tarde, mientras Pascual seguía preso -por entonces, ya en Villena-, volvió al juzgado. En esta ocasión, por haber suspendido de empleo y sueldo al enterrador municipal en 2001, después de que éste tomase parte en una protesta contra el munícipe en uno de sus días libres. La condena: siete años de inhabilitación y 6.000 euros de indemnización al funcionario.

Ese mismo 2009, cuando el controvertido pegolino había cumplido ya un tercio de la condena y vislumbraba la posibilidad de acceder al régimen abierto, sobrevino la segunda condena de cárcel. Carlos Pascual fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de prisión por tirar por las escaleras al jefe de la Policía Local. Los hechos sucedieron también en 2001, cuando por el pueblo circulaba un panfleto en que se acusaba a Pascual de «fascista».

El entonces alcalde había encargado al policía que descubriese al autor, y cansado de que la investigación no avanzase, llamó a su despacho al sargento de la Policía Local para recriminárselo. Tras una fuerte discusión, ambos llegaron junto a las escaleras, donde Pascual empujó al funcionario causándole contusiones y la fractura de un dedo.

Pero desde que dejó la Alcaldía, Pascual ha tenido que afrontar otras muchas causas judiciales -durante su mandato llegó a acumular un centenar-. Y algunas que han venido después. Como el juicio por injurias y calumnias tras llamar «corruptos» a su sucesor, Carmelo Ortolá (en Ciudadanos por Pego), y a sus socios de gobierno (PSPV y Bloc). Poco antes de entrar en prisión en 2007, Carlos Pascual les acusó de recibir sobornos de una promotora. En el juicio, hace un mes, se retractó y pidió perdón.

La «herencia» del exalcalde no ha dejado de deparar sorpresas. En 2007, el INE detectó un aumento irregular del censo, con 1.008 vecinos inexistentes (400 de ellos muertos) para superar el listón de los 10.000 vecinos, aumentar el número de concejales y recibir mayores subvenciones. Las consecuencias las pagó el Consistorio, que tuvo que devolver la subvención recibida de forma irregular.

Hoy, Pascual ha cumplido cinco de los diez años de condena. Está por ver si, cuando termine de pagar, cumple la promesa que hizo en otra entrevista con ABC: «Si piso un solo día la cárcel, me voy de España. No quiero un DNI que diga que soy español»·

En 2007, Carlos Pascual se convertía en el primer cargo público en ingresar en prisión por un delito contra el medio ambiente en España. En una época en la que en la provincia de Alicante no resultaba habitual ver desfilar a los políticos por los juzgados, el exalcalde de Pego sentaba también un precedente que no tardaría en seguir el oriolano Luis Fernando Cartagena, en su caso por quedarse con el dinero donado al Ayuntamiento por una congregación religiosa.

Pascual había sido condenado en 2004 por desecar parte del parque natural de la Marjal de Pego-Oliva, construir diques y asfaltar caminos para recuperar el cultivo del arroz, que aunque en ese momento prácticamente había desaparecido, se desarrollaba en la zona desde el siglo XVII. En una entrevista concedida a ABC tras conocer la sentencia condenatoria, en 2004, el ya exalcalde -había perdido las elecciones de 2003, tras dos legislaturas al frente del Consistorio- aseguraba que «mi único delito ha sido hacer arroz para mi pueblo».

En prisión desde mayo de 2007 (primero en Picassent y ahora en Villena), Carlos Pascual sigue convencido de su inocencia, y explica a todos aquellos que quieran escucharlo que cumple condena por «motivos políticos». Pero lo cierto es que, desde que ingresó en el centro penitenciario de Valencia hace cinco años (para cumplir una condena de seis), la vida del exalcalde pegolino se ha convertido en un ir y venir de la cárcel a los juzgados por los más diversos motivos. Todos ellos, eso sí, relacionados con su peculiar manera de ejercer como alcalde de la localidad de la Marina Alta.

En realidad, no se puede decir que Carlos Pascual sea -o más bien, haya sido- un político al uso. Herrero de profesión, llegó a la Alcaldía en 1995 bajo las siglas de Unión Valenciana. Cuatro años más tarde, cuando ya había dejado sobradas muestras de su forma de ejercer la política, se presentó con Iniciativa Independiente, y volvió a ganar. Las urnas lo mandaron a la oposición, y de vuelta a la herrería, en 2003. Para entonces, ya tenía varias cuentas pendientes con la Justicia. Muchas de las cuales aún no ha empezado a pagar.

En 2004, Carlos Pascual fue condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Alicante, por un delito contra el medio ambiente perpetrado en el parque natural de La Marjal. A la desecación del paraje se sumaba la agresión a su entonces director, Vicente Urios. Tras su recurso al Supremo, el Alto Tribunal ratificaba la condena en 2006, y el exalcalde de Pego ingresaba en prisión una mañana de mayo de 2007.

Dos años más tarde, mientras Pascual seguía preso -por entonces, ya en Villena-, volvió al juzgado. En esta ocasión, por haber suspendido de empleo y sueldo al enterrador municipal en 2001, después de que éste tomase parte en una protesta contra el munícipe en uno de sus días libres. La condena: siete años de inhabilitación y 6.000 euros de indemnización al funcionario.

Ese 2009, cuando había cumplido ya un tercio de la condena y vislumbraba la posibilidad de acceder al régimen abierto, sobrevino la segunda condena de cárcel. Carlos Pascual fue juzgado y condenado a cuatro años y medio de prisión por tirar por las escaleras al jefe de la Policía Local. Los hechos sucedieron también en 2001, cuando por el pueblo circulaba un panfleto en que se acusaba a Pascual de «fascista».

El entonces alcalde había encargado al policía que descubriese al autor, y cansado de que la investigación no avanzase, llamó a su despacho al sargento de la Policía Local para recriminárselo. Tras una fuerte discusión, ambos llegaron junto a las escaleras, donde Pascual empujó al funcionario causándole contusiones y la fractura de un dedo.

Días después de ese incidente, un policía que dirigía el tráfico ante el colegio negó al alcalde y su esposa, Maite Ferrándiz -que luego sería candidata a la Alcaldía por el PP-, el saludo reglamentario, mientras éstos llevaban a su hija al centro. Nueva suspensión de empleo y sueldo (en un expediente que afectó a otros 17 agentes y al enterrador por protestar contra la agresión al jefe de la Policía), otra denuncia, y nuevo juicio. Se celebró la semana pasada, y Carlos Pascual se enfrenta a otra condena de inhabilitación, aunque en este caso no aumentaría los años de presidio que tiene que cumplir.

Pero desde que dejó la Alcaldía, Pascual ha tenido que afrontar otras muchas causas judiciales -durante su mandato llegó a acumular un centenar-. Y algunas que han venido después. Como el juicio por injurias y calumnias tras llamar «corruptos» a su sucesor, Carmelo Ortolá (en Ciudadanos por Pego), y a sus socios de gobierno (PSPV y Bloc). Poco antes de entrar en prisión en 2007, les acusó de recibir sobornos de una promotora. En el juicio, hace un mes, se retractó y pidió perdón.

La «herencia» del exalcalde no ha dejado de deparar sorpresas. En 2007, el INE detectó un aumento irregular del censo, con 1.008 vecinos inexistentes (400 de ellos muertos), para superar el listón de los 10.000 vecinos, aumentar el número de concejales y recibir mayores subvenciones. Las consecuencias las pagó el Consistorio, que tuvo que devolver la subvención recibida de forma irregular.

Hoy, Pascual ha cumplido cinco de los diez años de condena. Está por ver si, cuando termine de pagar, cumple la promesa que hizo en otra entrevista con ABC: «Si piso un solo día la cárcel, me voy de España. No quiero un DNI que diga que soy español».