GMR, víctima del ajuste de lo público al estilo Rivero

Ahora, tras edulcorarse el itinerario con peldaños intermedios, el Ejecutivo canario ya acomete el bisturí entre su armazón administrativo aunque los criterios de ajuste parecen dejar aún mucho que desear.

La prueba más palpable de este criterio arbitrario es el que se vive en estos momentos en la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) en la cual se perfila un Expediente de Regulación de Empleo que afectaría a 71 trabajadores.

Sin embargo, y tras varios semanas de quejas y movilizaciones, los trabajadores de GMR denunciaron ayer que la Consejería de Economía y Hacienda «retiene» 1,8 millones de euros transferidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y que son «esenciales» para su viabilidad, lo que evitaría además este incómodo trance laboral.

En este sentido, el portavoz de los sindicatos con representación en GMR (CCOO,USO,IC y SIC), Antonio Sardá, explicó que este dinero proviene de la presentación, junto a otras comunidades autónomas, de nueve proyectos incluidos en la Red Rural Nacional, que recibieron el visto bueno y la financiación del Gobierno de España. Por ello, Sardá se mostró contrariado al ver que el Ejecutivo regional ha exigido a las empresas públicas planes de viabilidad, que deberán ser presentados antes del 20 de abril, y que sin embargo no haya tenido en consideración que este dinero junto a otras medidas propuestas por la representación sindical podrían evitar la extinción de puestos de trabajo en GMR.

Entre estas medidas «menos dolosas» que el despido de un 30 por ciento de la plantilla de la empresa, se encuentra «la suficiente dotación económica, la racionalización y reducción de los alquileres de los locales de GMR y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación», relacionadas con proyectos de I+D+I.

Sardá recordó que se trata de una empresa «indispensable» para el desarrollo del sector primario de las Islas. Llama la atención la encrucijada en la que se encuentra dicha empresa con la defensa a ultranza que Rivero escenificó en un pasado no tan remoto con la empresa Gesplán, unos días después de que Soria advirtiera de la necesidad de ajustas los faraónicos gastos de las empresas públicas gestionadas por la administración autonómica.