El Gobierno quiere colar como funcionarios a 120 contratados

Resultado de esta advertencia ha sido que la Comisión para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado dicha moción, en su reunión del 27 de octubre de 2010, y ha realizado una serie de recomendaciones a las Administraciones Públicas. La primera de ellas es la necesidad de establecer mecanismos de control para la contratación de servicios externos y que se «circunscriban a supuestos en los que se encuentre debidamente justificada». Igualmente, piden que el incremento de efectivos se haga «en base a estudios que acrediten la necesidad y oportunidad, y que para evitar incrementos de personal se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra».

La denuncia la ha realizado la Federación de Asociaciones de los Cuerpos de la Administración General del Estado (Fedeca), que ha detectado dos casos en organismos de la Administración en el que primero se contrata a trabajadores de empresas externas por obras y servicios, después se les convierte en personal laboral y, finalmente, en funcionarios. El primero de ellos beneficiaría a unos 72 trabajadores de la Oficina de Patentes y Marcas, que entraron como personal laboral y que se han convertido en funcionarios interinos. Adquirido este nivel funcionarial, ya cuentan con más puntos para cuando se convoque el concurso-oposición, que podría ser el próximo mes de junio.

El segundo caso se refiere al Instituto Nacional de Estadística y concretamente a 15 funcionarios interinos del grupo A1, a los que hay que sumar otros 40 del grupo A2. Estos trabajadores fueron contratados como personal laboral de encuestas por obra y servicios. Hace unos meses los reconvirtieron en funcionarios interinos, con lo que ya cuentan con más puntos para cuando se convoque el concurso-oposición. Unas pruebas restringidas a las que acceden con ventaja.

Estos casos han llevado a Fedeca a denunciar la «inutilidad de la Oferta de Empleo Público», ya que aseguran que ésta «limita la contratación de personal, pero por la puerta de atrás se está contratando a gente que, con el tiempo, se convierte en funcionarios». Además, advierten que estas contrataciones «no cumplen los preceptos de igualdad mérito y capacidad» y que como la Administración tiene que seguir funcionando, si no hay oferta de empleo «se sigue contratando más gente y más cara».

Fedeca dice que estos dos casos son los ejemplos de una «política generalizada» de contratación, que ha merecido el reproche del Tribunal de Cuentas. Un tribunal que ha llegado a pedir el auxilio del Congreso, a través de una moción aprobada por el Pleno de este organismo, el 26 de febrero de 2009 donde da cuenta de diversas irregularidades en la contratación, que se remonta al 2002.

El Tribunal de Cuentas, en el análisis de la situación, advierte que son contrataciones «de personal, efectuadas al margen de la legislación laboral y de la legislación administrativa, para el cumplimiento de las funciones generales propias de las entidades» y advierte que en algunos casos dos no se recurre a la selección de personal «mediante la convocatoria pública».