Impugnan las ayudas de formación que benefician a UGT y CC.OO.

Al igual que hicieran en 2010todvía no hay sentencia judicial por este asunto—, esta organización ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 29 de diciembre de 2010 por la que se abre la convocatoria para que las organizaciones sindicales presenten las solicitudes.

El motivo principal de esta impugnación es que entre los requisitos que se exigen para poder acceder al dinero hay uno que les discrimina, ya que solo pueden tener acceso a las subvenciones aquellos sindicatos que tengan representación en, al menos, dos niveles de la Administración de los tres existentes (general, autonómico y local), según aseguran a ABC fuentes de Fedeca. Ello impide que puedan acceder a las ayudas, ya que esta organización solo representa a altos funcionarios de la Administración Central. No es este el único recurso que van a interponer, ya que aseguran que una vez que conozcan la distribución de las adjudicaciones y si se les sigue marginando, presentarán un segundo recurso.

Con estos criterios y el añadido de número de delegados, el primer sindicato beneficiado fue en 2010 la UGT con 11.222.458 millones, seguido de CC.OO. con 11.222.451, según el acuerdo de la Comisión General para la Formación Continua alcanzado en su reunión de 16 de marzo de 2010, al que ha tenido acceso ABC. En tercer lugar, está CSIF con 4.572.261. También fue beneficiada, entre otros sindicatos la Confederación Intersindical Galega con 636.539 euros. El total a repartir en 2010 entre los sindicatos fueron 29.036.380 euros.

No es esta la primera vez que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene que enfrentarse a un procedimiento judicial por la forma en que reparte las ayudas de estos cursos para los funcionarios públicos. En 2007, una sentencia de la Audiencia Nacional, que se sumaba a otra del Tribunal Supremo de 2005, dio la razón a USO que recurrió el criterio que se aplicaba para la concesión de subvenciones, como era el de mayor representatividad. Este sindicato obligó al Gobierno a retirar este requisito y denunció la política de «monopolio» en el reparto de las ayudas.

Las fuentes de Fedeca consultadas por ABC aseguran que el reparto de estas ayudas de formación parece una «financiación encubierta» de las organizaciones sindicales y denuncian que «es imposible acceder a las actas en las que se especifica el reparto». En este sentido, alerta sobre la «opacidad» que el Gobierno tiene a la hora de dar informaciones sobre los receptores de las ayudas.

Esta falta de información llevó a la senadora del PP, Beatriz Escudero, a preguntar en el Senado la distribución de estas ayudas «ante la dificultad de acceder a los datos».