Un albañil recién despedido mata a sus dos jefes y a dos empleados de banca

A unos 50 metros de este lugar de los hechos, se levanta el edificio enorme de un gris ya lúgubre de la residencia «La Caritat», ingresada recientemente en le crónica negra de España gracias a Joan Vila, el celador que ha confesado, por ahora, haber matado a once ancianos. En una fría mañana, Olot volvió a ser noticia por cuatro crímenes, los que cometió en menos de una hora Pere Puig Puntí, un albañil de 57 años aficionado a la caza que, acuciado por problemas económicos —de origen dispar según las fuentes que se consulten—, decidió acabar con la vida de cuatro personas.

Sin mediar palabra Primero, a las ocho de la mañana, Puig, vecino de Sant Esteve d'en Bas, cerca de Olot, fue en coche a La Canya, una pedanía que colinda con la capital de la comarca de la Garrotxa. Entró en un bar, el del restaurante «La cuina de l'Anna», armado de su escopeta de caza y, sin mediar palabra, según los testigos, descerrajó varios tiros a dos de sus clientes: Joan Tubert Soy, de 62 años, un constructor de Olot, y a su hijo Ángel, de 35. Eran los dueños de Construcciones Tubert, la empresa olotina donde trabaja Pere desde hace dos décadas, personas por tanto muy conocidas en esta población. Donde trabajaba, porque de hecho el albañil acababa de perder el trabajo, al parecer porque la empresa había sucumbido a la crisis económica y le había condenado al finiquito.

Acto seguido, Pere Puig se subió a su coche y condujo hasta la sucursal de la CAM de Olot de la calle Camil Mulleras, en pleno centro de la localidad, frente al mercado. Allí, mandó fuera al resto de personas y a sangre fría mató a tiros a dos empleados: el subdirector de la sucursal, Rafael Turró Cabrafiga, de 46 años, y Anna Pujol Vergés, de 52.

Al salir de la sucursal, el asesino se encontró con dos agentes de la Policía local que habían reparado en el coche del criminal, que estaba aparcado delante de la sucursal, donde está prohibido. De hecho, su idea era multar al propietario del vehículo. Al ver los agentes, Puig bajó su arma, se entregó y, afirman testigos, musitó: «Ya estoy tranquilo». Y fue detenido. Con todo, su arresto tuvo final con anécdota que podría haber sido otro drama.

Mientras los agentes manipulaban la escopeta de Puig, se escapó un tiro, que atravesó la ventana de un balcón de una funeraria situada al lado de la sucursal, Funeraria Puig. Macabra coincidencia , pues, entre el negocio y el apellido. «No tenemos nada que ver con el asesino, gracias a Dios»,se apresuraba a aclarar a ABC su dueño, Josep, quien explicó que la bala perdida impactó en un cuadro de uno de sus despachos. Por suerte, no había nadie, vivo, en la funeraria cuando ocurrieron los hechos.

Pere Puig, que no tenía hasta ayer antecedentes, fue puesto a recaudo de los Mossos. Ya ayer por la tarde participó en la reconstrucción de los hechos en un Olot transformado en plató y tomado por periodistas. Primero, se reconstruyó durante unos diez minutos el doble crimen en el bar y a continuación, durante otros treinta y cinco minutos, los agentes y el detenido permanecieron en el interior de la sucursal bancaria. Desde ahí fue conducido de nuevo a comisaría. Se esperaba, sin embargo, que no prestara declaración formal ante la Policía hasta hoy, y mañana pasará a disposición judicial, lo que dio rienda suelta a la especulación en busca de un móvil para este cuádruple crimen. Entre varias versiones, lo que asomaba como unánime es que Puig, un hombre soltero y que vivía con su padre, estaba ahogado económicamente. Desahuciado. ¿Cómo llegó hasta aquí?

Algunas fuentes señalan que la empresa Construcciones Tubert le había despedido tras verse obligada a soltar lastre ante una inminente cierre. «Sus oficinas de la calle Aranjuez llevaban varios meses cerradas, sin actividad aparente», aseguró Cristina, vecina del establecimiento, quien afirmó a ABC que el hijo del dueño fallecido, Ángel, le había asegurado que iban a cerrar. Puig, pues, se había quedado sin trabajo, pero, además su desgracia podría verse agravada por el hecho de que le habían pagado un finiquito con un cheque sin fondos; de ahí la «vendetta» contra sus dueños y contra el banco, y porque podría tener su casa amenazada de embargo. «A Pere le engañaron sus jefes», afirmaba a ABC Xisco, vecino de Pere en Sant Esteve d'en Bas, quien matizaba así el presunto móvil de la masacre. Según él, «Joan (Tubert) le hizo firmar un papel que resultó ser un crédito sin que él lo supiera». Siempre según esta versión, Puig se vio atrapado al tener que responder por este crédito y fue a pedir ayuda al subdirector de la sucursal de la CAM. «No le quiso ayudar, y por eso lo mató», concluía Xisco.

El terrible suceso, una de las matanzas más graves que se han registrado en España por motivos económicos en 25 años, ha conmocionado a la población olotense. El Ayuntamiento celebró ayer un pleno extraordinario para condenar el suceso y decretar tres días de duelo oficial.

Asimismo, el consistorio expresó su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas, a los que dió públicamente el pésame. Esta localidad de poco más de 34.000 habitantes ha quedado consternada ante el asesinato de sus vecinos, muy conocidos en la localidad. En el salón de sesiones del consistorio se guardó un minuto de silencio.

Tras conocer el trágico suceso y la posibilidad de que haya existido un móvil económico, el alcalde, el socialista Lluís Sacrest, apuntó que es imposible que un trabajador, simplemente por la posibilidad de quedarse sin trabajo, pueda reaccionar matando a cuatro personas en menos de media hora. «Realmente es una situación dramática que nos tiene que hacer pensar a todos que estamos en un mundo muy complejo y que este mundo creado entre todos crea situaciones de desequilibrio en las mentes de las personas que nos convierte en una sociedad muy frágil», indicó.

Y tras el suceso, el debate para explicar lo que no tiene explicación. El sindicato CC. OO. alertó ayer de que la desprotección social creciente, agravada por la crisis económica profunda, lleva a muchas personas a una situación desesperada que puede provocar hechos como el sucedido en Olot. En un comunicado, el sindicato lamenta y exige al Gobierno que «deje de recortar derechos sociales» como la ayuda de 426 euros a los parados. Una mezcla peligrosa.