Zapatero activa la ley de Igualdad de Trato para evitar discriminación por aspecto físico

«En las próximas semanas y meses van a oír muchos ustedes la palabra empleabilidad», advirtió el viernes a los periodistas Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo dijo tras conocer el Consejo de Ministros un informe del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, donde se habla de reducir al máximo los 8.000 millones al año que se gasta el Estado en políticas activas de empleo, básicamente bonificaciones empresariales a la contratación, y en dar entrada a las «agencias privadas de intermediación» laboral. Y es que, en un país con 4.085.976 parados, de los cuales solo un 10 por ciento van a encontrar trabajo a través del INEM, hablar de reformar las «políticas activas de empleo» resulta casi obligado. Además, suena bien a la ciudadanía.

José Luis Rodríguez Zapatero lo sabe, y sabe también que hasta el último trimestre de 2011 la economía no crecerá como para crear puestos de trabajo de forma sustancial. Por eso, según señalan a ABC diversas fuentes socialistas, el Gobierno y el PSOE van a volcar la agenda política y parlamentaria en esa reforma sin otras distracciones «excesivamente ideológicas». Es significativo, en este sentido, que el ministro de la Presidencia haya anunciado que la Ley de Libertad religiosa, uno de los proyectos estrella de María Teresa Fernández de la Vega, queda aparcada por falta de acuerdo con el PP.

Una vez lograda la mayoría parlamentaria con PNV y Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos 2011, Zapatero tiene año y medio para afianzar la imagen de que él «no ha dejado de lado» su perfil social, sea o no candidato en 2012, explican las fuentes consultadas. En este sentido, un alto cargo del Grupo Socialista admite a ABC que en el próximo período de sesiones parlamentarias veremos cómo el Gobierno envía a las Cortes el proyecto de Ley de Igualdad de Trato. La secretaria de Estado y anterior ministra, Bibiana Aído, tiene en un cajón un texto que estaba a la espera que la Ley de Libertad Religiosa, ahora aparcada, viera luz verde. Es una normativa obligada por una directiva europea al respecto, pero, a diferencia de otros países, el Gobierno quiere añadir la discriminación por apariencia física a las tradicionales por sexo, origen étnico, religión, edad, discapacidad y orientación sexual. Se trata de evitar lo que se denomina discriminación múltiple: por ejemplo, mujeres discriminadas no solo por el hecho de serlo sino por padecer también obesidad —el 38 por ciento de los españoles en edad laboral tiene sobrepeso—.

Con esa ley más el desarrollo de la negociación con los sindicatos en materia de Función Pública y la reforma de las pensiones, Zapatero quiere componer la agenda política de 2011. Tendrá algún añadido tal que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pactada con el PP —este miércoles comienza el trámite parlamentario—, para sellar cualquier vía por la que Batasuna pudiera colarse en los ayuntamientos tras los comicios del 22 de mayo, así como para acabar con las mociones de censura apoyadas por tránsfugas. Todo lo demás, agenda social...

De momento, el presidente del Gobierno ha convocado para este martes en Ferraz un Consejo Político Territorial monográfico sobre reforma de las «política activas de empleo», la letra pequeña de los reglamentos de la polémica reforma laboral. En esa reunión también abordarán la «nueva agenda social» del PSOE «de las próximas dos décadas», según dijo el propio Zapatero ante el Comité Federal el pasado 23 de octubre.

Zapatero, Rubalcaba, Manuel Chaves y el ministro Valeriano Gómez, invitado a la cita, escucharán a los «barones» autonómicos socialistas y secretarios generales de federación qué tienen que decir sobre la racionalización de los 8.000 millones que se gasta España en formación y bonificación a la contratación. El ambiente en el PSOE no es el más propicio, ni para ese debate ni para ninguno, porque el partido entró antes del cambio de gobierno en una especie de ataque de pánico con algunos «barones» en un papel estelar. El castellano-manchego, José María Barreda, habló de «catástrofe electoral», aunque luego se desdijo, mientras que el extremeño Guillermo Fernández Vara y el madrileño Tomás Gómez urgieron a Zapatero a que diga ya si va a ser candidato en 2012 porque lo contrario desestabiliza al partido. Muestra de ese nerviosismo es que hasta el nombramiento del nuevo secretario de Organización, Marcelino Iglesias, unánimemente apoyado, fue objeto de crítica porque los «barones» se enteraron por la prensa.

En el fondo de todo se atisba el miedo a perder en las primeras elecciones a las que se va a enfrentar el partido después de 2008. Los líderes territoriales temen que la «patada» de los electores al Gobierno se la lleven ellos y querrían que se aumentara la inversión en sus respectivas comunidades a fin de ganar en imagen, pero ya conocen que es imposible aumentar el techo de gasto y eso solo se puede hacer quitando de unas partidas a otras.

Zapatero no quiere oír hablar de más gasto y sí que de la reunión del Consejo salga una postura común de los socialistas sobre políticas activas que esta semana Valeriano Gómez presentará a los agentes sociales, a los que ha citado. Y en posteriores reuniones se lo presentará a las comunidades gobernadas por el PP.

Todo en un «consenso rápido», como lo calificó Rubalcaba el viernes porque el Gobierno no va a esperar más allá de enero a que CC.OO., UGT y la CEOE, inmersa ésta en una guerra sucesoria de Díaz Ferrán, se pongan de acuerdo. Urge la puesta en marcha de la reforma laboral de cara a la imagen internacional de España, pero también a Zapatero le viene bien, una vez aprobado lo más duro de la reforma laboral, que se hable de un cambio profundo en el INEM que todo el mundo pide. Es decir, que se hable de lo «social» que es el PSOE frente a un PP que no desvela su «agenda oculta», algo en lo han hecho hincapié durante esta semana todos los altos dirigentes del partido gobernante.

Otra cosa de la que se va a hablar este martes en la sede de Ferraz es de la polémica suscitada por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, cuando aseguró que no hay fondos en los Presupuestos 2011 para el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que ayuda con 426 euros a los 300.000 desempleados que han perdido la prestación. Valeriano Gómez, aparentemente con más peso y apoyo político en el partido del que tuvo Celestino Corbacho, insiste en que eso podría formar parte del nuevo diseño de las políticas activas. Seguramente porque sabe que los «barones», a seis meses de las elecciones, le van a apoyar en masa. Eso sí, la prórroga estaría acompañada de una reforma del programa para convertirlo en «algo más activo», añade el ministro.