La oposición impide cambiar la Ley para permitir la caza y pesca de especies invasoras

El movimiento económico que genera esta actividad supera los tres mil millones de euros, sobre todo en zonas rurales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. La falta de esta actividad está favoreciendo la despoblación estas localidades.

Desde la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que decretó la prohibición de pescar estas especies se han cerrado el 25% de los establecimientos relacionados con esta actividad, el 60% de las piscifactorías y ha caído el 50% de la venta del material de pesca, y el 70% de embarcaciones. Asimismo, más del 75% de las contrataciones turísticas internacionales han sido canceladas.

La oposición de la mayoría (PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC) del Pleno de la Cámara Baja dejó al PP en minoría para poder aprobar la Proposición de Ley presentada hoy y que trataba de corregir los perjuicios ocasionados por la sentencia del Tribunal Supremo de agosto de 2016, que dio la razón a los ecologistas, y catalogó como especies exóticas invasoras determinadas especies, impidiendo la posibilidad de caza y pesca deportiva.

Con esta modificación, el Gobierno «quiere compatibilizar la lucha contra las especies invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas de antiguo, su presencia no suponga un problema medioambiental», según señala la iniciativa del PP.

Esta modificación seguirá considerando que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y pesca para su control y erradicación .

La diputada popular, María Teresa de Lara , aseguró que el mantenimiento de esta actividad «de forma sostenible aporta beneficios medioambientales , culturales y económicos y constituyen una fuente para generar renta y empleo en el mundo rural». En este sentido, apuntó que si no se realizan estas modificaciones se están «cerrando las puertas al crecimiento del sector turístico del interior» y determinadas poblaciones estarían «condenadas a su desaparición». Por ello, subrayó que «miles de familias están pendientes hoy de esta prohibición. No las desfraudemos».

El Grupo Socialista acusó al Gobierno de no «haber contado con nadie» y de «pretender desmantelar la legislación medioambiental». El diputado Manuel González Ramos recriminó a los populares que no hubiera traído un proyecto de ley, ya que entiende que este asunto requiere «un debate más amplio». En este sentido, reiteró sus críticas a la «imposición. No es el mejor modo de arreglar el problema».

Desde Podemos, el diputado Juan López de Uralde justificó su voto en contra en que «hay que construir un nuevo cuerpo legislativo para culminar la protección del medio ambiente». A su julio, la modificacién que plantea el PP es « innecesaria , antieconómica y peligrosa para el medio ambiente».

El diputado de Ciudadanos, Toni Cantó , aseguró que la iniciativa del PP es un «mínimo parche que no arreglará un problema que cada vez es mucho mayor» e incluso la calificó de «chapuza parlamentario» . En este sentido, rechazó que la Proposición de Ley vaya a «darle seguridad jurídica» a los cazadores y pescadores e instó al PP a «no tomarles el pelo».